El Comité Panamericano de Jueces rechazó las intervenciones de Estados Unidos en el continente

El COPAJU expresó su preocupación por el “fin del orden jurídico internacional”, defendió la soberanía de los Estados americanos y cuestionó la doctrina Monroe.

El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) publicó un comunicado en el que rechazó de manera contundente cualquier forma de intervencionismo de Estados Unidos en el continente americano y alertó sobre las consecuencias políticas, sociales y humanitarias que implicaría una eventual acción militar contra países de la región.

La organización explicó que sus pronunciamientos se inscriben en los objetivos de su estatuto, que habilitan la denuncia y difusión de situaciones que vulneren los derechos humanos, en especial los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Señaló además que una intervención militar de un Estado sobre otro constituye una interferencia directa en la soberanía y una grave violación al derecho de autodeterminación de los pueblos.

El comunicado también cuestiona la vigencia y el alcance de la doctrina Monroe, al señalar que no constituye una norma de derecho internacional público y que carece de fuerza obligatoria para los Estados frente a los cuales se la invoca. “Depende únicamente de quien la utiliza”, advierte el texto, al remarcar que ningún otro país del continente ha otorgado un reconocimiento formal a esa doctrina.

En sintonía con esa posición, el COPAJU citó declaraciones del Papa León XIV, quien en diciembre de 2025 afirmó que “con la violencia no ganamos” y llamó a priorizar el diálogo y las soluciones justas frente a los conflictos internos de los países.

Finalmente, el Comité rechazó no solo una eventual intervención militar en Venezuela, sino también cualquier amenaza de uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de Colombia, Cuba, México o cualquier otro Estado americano. En ese sentido, sostuvo que este tipo de acciones se vinculan con prácticas de no colonización, con impacto directo en los flujos migratorios, el control de los recursos naturales y la vulneración de derechos sociales.

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