Ceuta: Amnistía Internacional denunció presuntas torturas de militares españoles contra migrantes

Amnistía Internacional denunció presuntas torturas, palizas y deportaciones cometidas por las Fuerzas Armadas españolas contra inmigrantes en Ceuta. La organización expuso estos abusos tras una investigación realizada entre el 10 y el 15 de septiembre, fundamentada en decenas de entrevistas y 22 testimonios directos que evidencian agresiones físicas sistemáticas y perfilamiento racial.

Entre los casos recabados, un inmigrante en silla de ruedas relató que un militar lo empujó desde una altura de seis metros, lo cual le causó lesiones severas sin la atención médica correspondiente. Otros jóvenes sufrieron porrazos y puñetazos mientras permanecían inmovilizados con precintos. Estos episodios, atribuidos a miembros de Regulares y de la Legión, "parecen responder a un patrón", según concluye la entidad.

La pesquisa constata además la existencia de expulsiones ilegales en la frontera. Testimonios y videos prueban la intervención de soldados encapuchados que actúan de noche, agreden a los migrantes y los rocían con spray irritante para acelerar su expulsión a través de la valla del Tarajal. Un ciudadano yemení corroboró su traslado forzoso y su entrega a la Policía marroquí sin permitirle solicitar protección internacional.

Este hostigamiento de carácter racista y xenófobo también afecta a ciudadanos ceutíes, quienes sufren restricciones arbitrarias de circulación en su propia ciudad. El equipo investigador padeció identificaciones policiales e insultos militares por cuestionar estas prácticas. Ante las preguntas por la expulsión de personas del espacio público, un efectivo respondió: "Tenemos órdenes para que no se sientan cómodos".

Las autoridades omiten la protección de menores, mujeres y solicitantes de asilo

La organización advierte sobre múltiples vulneraciones al derecho de asilo en el territorio. Migrantes procedentes de países en conflicto, como Somalia y Yemen, ingresaron a la ciudad antes de julio y aún carecen de acceso a los procedimientos formales. Las instituciones eludieron las entrevistas obligatorias para detectar situaciones de vulnerabilidad y negaron la información necesaria.

La crisis de desprotección impacta de forma crítica en los niños. De los 2.383 menores no acompañados identificados oficialmente, entre 500 y 700 sobreviven en las calles sin asistencia estatal. Diversos menores de apenas 12 años confirmaron que acuden a diario a las dependencias policiales en busca de refugio, pero los agentes los rechazan de manera reiterada e incumplen las normativas vigentes.

Esta vulnerabilidad extrema alcanza también a cientos de mujeres. Amnistía calcula que unas 800 de ellas, muchas junto a sus hijos, residen a la intemperie. Durante el trabajo de campo, los investigadores ubicaron a familias enteras alojadas en refugios improvisados sin servicios sanitarios básicos, como duchas o aseos.