En la previa del debate en el Senado, Patricia Bullrich habló de terminar "con años de injusticia y delincuencia"

En ese contexto, Bullrich optó por poner el foco en otros aspectos de la iniciativa y escribió en su cuenta de X: "Hoy en el Senado vamos tratar la Ley de Propiedad Privada y terminar con años de injusticia y delincuencia". Luego agregó: "Se acabó la Argentina donde el usurpador tenía más derechos que el dueño y el que cumplía la ley era el que esperaba. Las hacen, las pagan".

Por último, cerró: "También vamos a terminar con una herramienta que le encanta al kirchnerismo: las expropiaciones del Estado sin fundamento. Vamos a poner la ley del lado de quien trabaja, ahorra y construye".

Los artículos que siguen en el proyecto de Ley de Propiedad Privada

Pese a la eliminación del capítulo sobre tierras rurales, el proyecto mantiene una serie de reformas que el oficialismo intentará convertir en ley.

Uno de los ejes modifica la Ley de Manejo del Fuego. La iniciativa elimina las restricciones temporales que impedían cambiar el destino de los terrenos afectados por incendios forestales, aunque conserva la obligación de realizar tareas de restauración ambiental. Además, deroga la prohibición que durante 30 años impedía desarrollar emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias o modificar el uso de los suelos incendiados. El Gobierno sostiene que estas modificaciones revierten cambios incorporados durante la administración de Alberto Fernández.

Otro de los capítulos introduce cambios en el régimen de desalojos. La reforma del Código Civil y Comercial amplía la legitimación para solicitar un desalojo judicial, permitiendo que cualquier persona que acredite un derecho o un interés legítimo afectado pueda iniciar el proceso.

También habilita a los jueces a ordenar la restitución inmediata de un inmueble cuando consideren verosímil el derecho invocado. En los casos en que haya menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad, establece un plazo de hasta diez días para procurar una alternativa habitacional antes de ejecutar el desalojo.

En materia de expropiaciones, el proyecto dispone que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y reconoce el derecho a reclamar una indemnización por lucro cesante cuando sea una consecuencia directa e inmediata de la expropiación.

Además, fija un plazo máximo de 90 días para la denominada ocupación temporánea anormal de un inmueble e incorpora la creación del Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, organismo que administrará una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria destinada a centralizar trámites, pagos, certificados e informes registrales de todo el país.