Paraguay: en sesión conjunta con la Cámara de Diputados, el Senado define si acepta la renuncia de Santiago Peña

Tras la aprobación por unanimidad del juicio político al mandatario en la Cámara de Diputados, 65 de 80 diputados y todos los senadores debaten si aceptar la renuncia del jefe de Estado.

Luego de que la Cámara de Diputados de Paraguay aprobara por unanimidad con 78 votos afirmativos el juicio político al presidente Santiago Peña, el Senado junto a 65 diputados debaten si aceptan la renuncia del mandatario. La oposición sostiene que aceptarla le daría fueros y lo convertiría en senador vitalicio con sueldo de por vida.

Peña renunció en medio de un escándalo financiero a raíz de la intervención que realizó el Banco Central de Paraguay del banco Ueno por problemas de solvencia que comprometió los ahorros y la jubilación de casi la mitad del país. Hay posibles conflictos de intereses por los vínculos comerciales que el mandatario mantuvo con el grupo empresarial que controlaba el banco.

"La historia se encargará de juzgar y poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir. Hoy nos toca la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la república. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar las instituciones democráticas", expresó el mandatario al renunciar.

El presidente también expresó su deseo fundamental de que se garantice la devolución de dichos recursos, pidiendo que el fondo de garantías y depósitos cumpla cabalmente con su finalidad y que se protejan los fondos públicos y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos.

De qué se lo acusa a Santiago Peña en el marco del juicio político

El libelo acusatorio contra Peña pide enjuiciar al presidente por haber conservado, al asumir el cargo, una participación patrimonial en Ueno Holding SAECA y, paralelamente, promover una ley para flexibilizar el régimen de conflicto de intereses y nombrar a exdirectivos del grupo en organismos clave de supervisión del sistema financiero, como el Banco Central, facilitando convenios y adjudicaciones públicas a empresas vinculadas.

A la vez, acusa a Peña de "manipulación regulatoria y concentración de fondos del sistema jubilatorio", en una maniobra que involucró aproximadamente el 11% del portafolio global del IPS, sobrepasando el límite legal del 10% por emisor, bajo la injerencia directa de asesores presidenciales.

También, de haber sobrepasado los límites crediticios al permitir que Ueno Bank coloque dinero más allá del tope legal de 20% del patrimonio de la entidad.

La acusación señala que el Banco Central convalidó maniobras de cesión de cartera para encubrir la falta y que el presidente omitió ejercer sus potestades de control y remoción antes de la intervención del banco.

A la par, el libelo destaca un incremento no justificado del patrimonio neto del mandatario, de más de 1.600% entre 2017 y 2023; además de haber obtenido créditos de Ueno Bank con cuotas mensuales que sextuplicaban su salario como presidente.

En el último punto, se acusa a Peña de “afectar la confianza en el sistema financiero y riesgo sistémico”, ya que “la injerencia política y la falta de imparcialidad del ente regulador minaron la credibilidad del sistema bancario nacional, exponiendo a los recursos públicos y a los fondos de la seguridad social a una situación de vulnerabilidad institucional”.

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