Los legisladores de La Unión Mendocina, Jorge Difonso y Rolando Scanio, presentaron un proyecto de ley de Emergencia económica y social en Mendoza. Lo hicieron a partir de la crisis que transitan sectores fundamentales para el desarrollo de la provincia, pero también del país. Muchos de ellos que incluso son marcas nacionales reconocidas en todas partes del mundo como la industria local, la agricultura y el comercio. Con mucho foco en las bodegas, pero también en todos los sectores que circundan al rubro vitivinícola.
Emergencia económica y social
Ante este escenario, los legisladores detallaron en el artículo 3 del proyecto un plan de medidas paliativas. Estas incluyen suspensión de tarifas provinciales de servicios, descuentos, exenciones e incluso líneas de créditos a tasas bajas a sectores productivos.
El paquete completo incluye: Ingresos Brutos, con excepción impositiva de hasta 5 años según la actividad; exención del impuesto al sello en los nuevos contratos celebrados; exención impositiva de hasta 5 años en los bienes, rodados según sea la actividad.
Además, incluye suspensión de impuestos provinciales tanto en el servicio de agua como de energía, con implementación de un cuadro tarifario diferencial y estacional para la energía destinada al riego agrícola, garantizando subsidios o topes en la factura durante los meses de mayor demanda hídrica. Y el dato que busca motorizar a los distintos sectores con apertura de líneas de crédito directas a tasa subsidiada o cero, con periodos de gracia acordes a los ciclos productivos y con requisitos patrimoniales flexibilizados
El texto también detalla: "exceptuar por esta temporada el pago correspondiente al canon de agua al Departamento General de Irrigación" así como también solicitaron "la suspensión de juicios y demás gastos judiciales, embargos, etcétera”. Por ultimo especifica en el artículo 2 que la autoridad de aplicación para reglamentar y controlar los alcances de la ley, será el Ministerio de Producción.
Los argumentos del proyecto
Uno de los casos es el del ajo, producto clave de exportación, donde los bajos precios dejaron a productores y empacadores sin capacidad de inversión. Esto ya impacta en la calidad del cultivo, con riesgos para la competitividad internacional.
Además, la vitivinicultura muestra señales alarmantes. Estimaciones privadas indican entre 20.000 y 30.000 hectáreas fuera de producción, mientras que las ventas de insumos agrícolas cayeron entre un 30% y un 40% en algunos meses de lo que va del año.
Los autores del proyecto especificaron que "ya no preocupa únicamente a productores y bodegas, sino también a las empresas proveedoras de fertilizantes, agroquímicos e insumos agrícolas, que observan una fuerte retracción de las ventas y mayores riesgos financieros", plantearon, y compararon que en otras temporadas, "los productores ya habían cobrado gran parte de la cosecha antes de mitad de año, mientras que en la actualidad muchos todavía no terminaron de definir el precio de la uva o directamente siguen esperando los pagos".
Situación crediticia
El proyecto agrega sobre este tema que se "ha producido también un fuerte retraso crediticio en las entidades financieras, las que endurecieron las condiciones para otorgar créditos" y ante el deterioro financiero de muchas empresas, "tanto bancos como proveedores son cada vez más selectivos al momento de ofrecer financiamiento para las campañas agrícolas. Será indispensable recuperar la rentabilidad de los productores, normalizar la cadena de pagos y restablecer el acceso al crédito. De lo contrario, la falta de inversión durante esta campaña podría reflejarse en menores rindes, pérdida de calidad y una nueva caída de la producción agrícola y vitivinícola de Mendoza durante 2027".
