La Canasta de Servicios Públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró una suba del 4,6% en julio y pasó a representar el 15% de los ingresos salariales promedio de los hogares de la región, de acuerdo con un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios de UBA-Conicet.
El aumento estuvo explicado principalmente por el incremento estacional en el consumo de gas y electricidad, producto de las bajas temperaturas, y por las actualizaciones aplicadas a las tarifas de distintos servicios. El agua fue la única prestación que mostró una reducción durante el mes.
Aumentos en los servicios, rubro por rubro
El transporte continúa siendo el principal componente de la canasta y concentra el 40% del gasto total. En julio, el costo destinado a movilidad de las familias aumentó 3,7% respecto de junio.
En el caso del gas, el cargo fijo tuvo una actualización del 2,8%, mientras que el componente variable subió 3%. A estos incrementos se sumó el mayor consumo propio del período invernal, lo que derivó en un aumento del 5,2% en el valor de las facturas.
La electricidad presentó el mayor impacto entre los servicios analizados. El cargo fijo aumentó 3% y el variable 5,7% para los usuarios sin subsidios. Con el incremento de la demanda por el invierno, el gasto de los hogares en energía eléctrica creció 12,5% en comparación con junio.
En transporte, las líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires aplicaron un aumento del 4,1%, mientras que los servicios interjurisdiccionales subieron 3,2%. En conjunto, el gasto de las familias en este rubro avanzó 3,7%.
Por el contrario, el servicio de agua registró una baja del 4,6%. El resultado se explicó por una reducción del 7,7% en el componente variable, pese a que julio cuenta con un día más de consumo. La modificación respondió a un descuento aplicado por el ERAS para limitar el aumento mensual del servicio al 3%, según establece la normativa vigente.
El informe también señaló que, con el esquema tarifario actual, los usuarios cubren en promedio el 54% del costo de producción de los servicios públicos, mientras que el Estado financia el 46% restante mediante subsidios.