Privatización de AySA: el Gobierno remató la empresa a amigos de los Neuss

La privatización del 90% de AySA está en el ojo de la tormenta. La oferta de u$s340,2 millones quedó por debajo de los u$s450 millones que esperaba recaudar el Gobierno, no obstante, si se compara con las grandes obras de infraestructura sanitaria, hacer dos plantas de tratamiento cuesta más que toda la privatización.

El monto de la operación abrió un debate sobre el valor de los activos estratégicos del Estado y la infraestructura que integra la red de agua y saneamiento del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El dato que alimenta los cuestionamientos es el costo de las obras necesarias para ampliar la capacidad de tratamiento. Para dimensionar la situación: construir apenas dos plantas de tratamiento de agua cuesta más que el precio ofertado por el 90% de AySA.

Otro ejemplo, el Sistema Riachuelo, que incluye una planta de pretratamiento y un emisario subfluvial, demandó por sí solo una inversión de u$s1.200 millones. La comparación con una obra de esa magnitud deja entrever que el Gobierno remató la empresa: una sola obra sanitaria requirió una inversión equivalente a más de tres veces el monto ofrecido por el 90% de AySA.

La discusión se suma a los interrogantes sobre la valuación de la compañía, sus pasivos ambientales y las condiciones de la futura concesión. También persisten cuestionamientos por la falta de acceso público a información clave del proceso, como la documentación técnica y económica que tuvieron a disposición los oferentes.

La adjudicación puso además bajo la lupa los vínculos empresariales detrás del consorcio ganador, en particular por las presuntas conexiones de los hermanos Juan y Patricio Neuss con Rowing y la participación de Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, una firma proveedora de AySA.

Cuestionamientos a la privatización

La privatización de la empresa trajo diversos cuestionamiento a la operación que realizó el Gobierno. El defensor del Pueblo adjunto en la Provincia de Buenos Aires advirtió que la privatización se cierra sin que los usuarios conozcan cuánto valía la empresa, cuál es su pasivo ambiental ni cómo se verán afectadas sus tarifas.

Cuestionó, en una carta abierta, que no fue transparente la operación: "Durante todo el proceso intentamos saber cuánto valía AySA y cuál era su pasivo ambiental. No fue posible. La valuación del paquete accionario no se hizo pública y el Data Room quedó reservado a los oferentes privados".

"En primer lugar, Rowing integra el holding Equo Capital, presidido por Walter Román. Según los registros de la Cámara Nacional Electoral, dos empresas de ese mismo holding, Direct Group y Lógico, aportaron $20 millones cada una a la campaña de La Libertad Avanza en 2025. Corresponde a la Cámara Nacional Electoral analizar si esos aportes se ajustaron a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Como ciudadanos, lo mínimo que podemos pedir es que se esclarezca", detalló Martello sobre las inconsistencias.

Y agregó: "En segundo lugar, el grupo ganador espera una nueva categorización de usuarios por zonas que, según información del ERAS, le generaría un flujo de caja extra de US$93 millones por año. Ese dato es central y debería conocerse antes de la firma del contrato. Quien compra ya sabe qué ingresos adicionales le esperan. Quien paga la factura todavía no sabe cuánto va a pagar".

"En tercer lugar, Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y proveedor del insumo con el que AySA potabiliza el agua desde 2009, también es socio en el control de Edenor. AySA es el mayor consumidor de electricidad del AMBA y, por lo tanto, el principal cliente de esa distribuidora. De confirmarse la adjudicación, un mismo grupo quedaría a ambos lados de esa relación comercial", completó.