3 de enero 2022 - 13:56

La Justicia rechazó el planteo de una empresaria del campo contra el Aporte Solidario

Solicitó que se decretara una medida cautelar de no innovar, que ordenara a la AFIP a que se abstuviera de iniciar, promover o proseguir todo tipo de acción. El tribunal lo desestimó.

La Cámara Federal de San Martín ratificó el rechazo de una medida cautelar que planteó una accionista de una empresa agropecuaria que interpuso una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado Nacional (Ministerio de Economía de la Nación) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La acción fue interpuesta para impugnar la obligación de pago establecida mediante la sanción de la ley 27.605, que consagra el “Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia” por el Covid-19.

Asimismo, la accionante solicitó que se decretara una medida cautelar de no innovar que ordenara a la AFIP que se abstuviera de iniciar, promover o proseguir todo tipo de acción.

Según la resolución, la actora narró que era una contribuyente inscripta en AFIP, cuyos principales ingresos provenían de su trabajo en relación de dependencia en la sociedad la cual presidía y donde se desempeñaba como veterinaria desde el año 2012.

Relató, que a pesar de ese desarrollo personal, el principal activo que integraba su patrimonio estaba constituido por las acciones de otra sociedad , que era una empresa familiar de gran trayectoria en el ámbito agropecuario, como productora y acopiadora, a la vez que prestaba servicios agropecuarios de todo tipo, entre los que se destacaban la comercialización de agroquímicos, semillas, fertilizantes, combustibles, productos de nutrición animal y servicios de logística y agricultura de precisión.

Sostuvo que se encontraba bajo fiscalización de la AFIP desde el 29/04/2021 -fecha en que se suscribió la orden de intervención por presunto incumplimiento de la obligación de pago establecida en la ley 27.605. Por lo que el Fisco Nacional “ya había puesto en marcha la maquinaria administrativa destinada a cobrar este “Aporte Solidario”, encontrándose en modo activo y con posibilidades de realizar todos los procedimientos tendientes a determinar y cobrar dicho gravamen. Razón por la cual, el peligro en la demora era real y no tan solo hipotético”, argumentó.

Apuntó, que a los fines de la liquidación del “Aporte Solidario”, la ley 27.605 no contemplaba que la actora no tuviera el dominio pleno de las acciones mencionadas y que, gravaba los activos por la mera tenencia en cabeza de la accionista, sin importar que dicho bien no pudo jamás producir renta a su favor por la porción respecto de la cual sólo tenía la nuda propiedad.

En primera instancia se había rechazado la medida cautelar, al sostener que la aplicación del aporte se justificaba con la normativa legal invocada, en atención “al principio de legalidad de toda actuación estatal”, según publicó el sitio justiciadeprimera.com.

La accionante explicó, que para el pago de este tributo tenía que consumir una porción considerable de sus bienes, que la única alternativa era descapitalizarse para dar el producido al Fisco Nacional, es decir que la única forma de hacerle frente era disminuyendo su capital y única fuente de ingresos.

Cuestionó este impuesto patrimonial “adicional” constituido por el “Aporte Solidario”, porque resultaba claramente confiscatorio y no consideraba su capacidad contributiva real.

Resaltó en su demanda, que gran parte de los fondos recaudados con el “Aporte Solidario” serían utilizados con fines diferentes a afrontar los gastos originados por la pandemia, ya que según surgía del Art. 7 de la ley 27.605, solo el 20% de lo reunido tenía como destino la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria, por lo que había una ausencia de correlación entre la denominación de la figura y su finalidad

Concluyó, que el Estado Nacional pretendía “apalancarse en el contexto del Covid-19 para justificar el avasallamiento de sus derechos, señalando que aquél no debía dejar de respetar los mandatos constitucionales en ningún momento, pues la emergencia no era una franquicia para ignorar el derecho vigente, pues no alcanzaba con invocar una situación excepcional, ya que de ninguna manera ello implicaba que se encontraran suspendidas las garantías constitucionales, tal como si se estuviera en un estado de sitio o de guerra”.

La Cámara Federal de San Martín, con la firma de los camaristas Nestor Barral, Alberto Agustín Lugones y Marcos Morán sostuvieron que “no se observa el acaecimiento inminente del inicio del procedimiento compulsivo de cobro por parte del organismo fiscal y, en consecuencia, la presencia de una circunstancia concreta que justifique el peligro en la demora alegado por la actora, es decir, un factor de riesgo susceptible de acontecer de manera inmediata”.

Explicaron los jueces que “el Fisco no cuenta con atribuciones para trabar por sí medidas cautelares, sino que las debe solicitar con “razones fundadas” al juez competente, quien evaluará "si se dan los requisitos para concederlas”.

DEJA TU COMENTARIO:

últimas noticias

Marcelo Gallardo llegando al estadio Monumental para el encuentro contra Platense.

River empata 1-1 frente a Platense en el cierre de la Copa de la Liga Profesional

21:14

Elon Musk compró Twitter y la gente en la calle opinó qué harían con 44 mil millones de dólares

19:58
Alberto Fernández iniciará este lunes su segunda gira por Europa del año.

Alberto Fernández inicia una nueva gira por Europa: qué hará y con quiénes se reunirá

19:54
La mayor criptomoneda sufrió una disminución de su valor.

El valor de Bitcoin se desplomó y genera alerta en el mercado

19:11
Lwana Margaux Adrienne Bichet, la turista francesa que falleció tras ser embestida por un taxi.

¿Quién era la turista francesa que falleció tras ser atropellada por un taxi en Palermo?

18:59