A través del canciller Pablo Quirno, el Gobierno anunció que Argentina solicitó formalmente su ingreso al Tratado Transpacífico, un pacto comercial que reúne a doce países y concentra alrededor del 13% de la economía mundial. El objetivo es tener acceso a mercados clave en Asia, Oceanía y América del Norte para potenciar exportaciones y atraer inversiones.
El Gobierno solicitó la adhesión de la Argentina al Tratado Transpacífico: qué beneficios implicará
Argentina solicitó oficialmente entrar al bloque comercial que reúne a 12 países y representa el 13% de la economía mundial. El objetivo es tener acceso a mercados clave en Asia, Oceanía y América del Norte para potenciar exportaciones y atraer inversiones.
La solicitud oficial, confirmada también por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, será presentada este miércoles en París, Francia, durante la reunión ministerial de la OCDE como parte de la estrategia del Gobierno para abrir la economía y fortalecer el comercio exterior. Los doce países que integran el bloque son Australia, Brunéi, Chile, Japón, Canadá, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam y representa 600 millones de personas, el 13% del PBI mundial y cerca del 15% del comercio global de bienes.
La integración al poderoso bloque comercial apunta a reducir aranceles, facilitar inversiones y establecer reglas comunes en comercio, servicios, propiedad intelectual, medio ambiente y normas laborales. Asimismo, para Argentina implicaría acceso preferencial a mercados de Asia, Oceanía y América del Norte, mayor integración en cadenas de valor globales y la posibilidad de incrementar exportaciones y atraer capital extranjero.
En 2025, el país ya exportó al bloque por 16.329 millones de dólares, con un superávit de 8.930 millones, lo que muestra el potencial de la relación y significaría vender productos afuera de manera más fácil y barata.
Sin embargo, el ingreso al Tratado Transpacífico implica riesgos profundos para el mercado local. La apertura indiscriminada de mercados puede traducirse en una avalancha de productos extranjeros a precios más bajos, que desplazarían a la producción nacional y pondrían en jaque nuevamente a pequeñas y medianas empresas.
Más que una competencia equilibrada, distintos sectores advierten que podría significar una destrucción del tejido económico local, con más pérdida de empleos, cierre de fábricas y debilitamiento de industrias que no logren adaptarse a estándares internacionales en tiempo y forma.
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