A 30 años de su partida, el sistema previsional argentino sigue siendo el epicentro de ajustes fiscales y disputas políticas, con haberes que, en su gran mayoría, han corrido sistemáticamente detrás de la inflación. "Los jubilados estamos cagados de hambre", decía Norma, y no mentía. El eco de sus reclamos fue el resumen de un sistema que pasó de haberes congelados en la convertibilidad a recomposiciones discrecionales e indexaciones que solo buscan consolidar un piso históricamente bajo, pero que mantiene una constante: haberes que corren sistemáticamente detrás de los precios, jubilaciones de hambre, abuelos olvidados.
La marcha de los jubilados de los miércoles, un símbolo de la resistencia ante el ajuste del gobierno libertario.
Camila Alonso Suárez
La era de las AFJP y la reestatización
El período que se inicia tras la muerte de Norma Plá estuvo marcado por la consolidación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), creado en 1994 bajo la Ley 24.241. Este modelo introdujo la capitalización individual privada a través de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), bajo la promesa neoliberal de desvincular el haber de las cuentas públicas. Sin embargo, el resultado fue un progresivo desfinanciamiento del Estado, que dejó de percibir aportes de los trabajadores activos mientras debía seguir pagando a los jubilados del sistema anterior.
En marzo de 1995, la Ley de Solidaridad Previsional (24.463) eliminó los mecanismos de actualización automática, supeditando los aumentos a la disponibilidad discrecional del presupuesto nacional. Como consecuencia, entre 1996 y 2001, las jubilaciones permanecieron virtualmente congeladas, con un haber mínimo de apenas $150 (u$s150 en ese momento). Aunque la deflación recesiva permitió una mejora real marginal del 3,1%, un tercio de los mayores quedó fuera del sistema, sumido en la indigencia.
Bullrich y Cavallo impulsaron el histórico recorte del 13% a los jubilados en 2001.
La crisis llegó a su punto más crítico en 2001. En medio del colapso económico y bajo la consigna del "déficit cero" (¿les suena?), el gobierno de Fernando de la Rúa dispuso un recorte del 13% sobre jubilaciones y salarios estatales. La medida fue impulsada por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, y ejecutada por el Ministerio de Trabajo que conducía Patricia Bullrich. El ajuste alcanzó a más de medio millón de jubilados y pensionados y quedó grabado como uno de los episodios más emblemáticos del deterioro previsional durante la convertibilidad.
El derrumbe definitivo de la convertibilidad en 2002 terminó de pulverizar el valor real de los haberes. Con una inflación anual superior al 40%, la jubilación mínima sufrió una caída cercana al 30% en términos reales durante la gestión de Eduardo Duhalde. Entre el congelamiento de los años previos, el recorte del 13% y la devaluación posterior, las prestaciones previsionales tocaron uno de los pisos históricos de las últimas tres décadas, muy lejos de los niveles que alcanzarían durante la recuperación iniciada a partir de 2003.
La evolución del poder adquisitivo en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner
A partir de mayo de 2003, la presidencia de Néstor Kirchner inició una política de recomposición focalizada mediante decretos, elevando la mínima inicialmente de $150 a $220. Entre 2003 y 2007, el haber mínimo experimentó un salto del 70,4% en términos reales, logrando una rápida recuperación tras la crisis de 2001. Esta etapa marcó un giro distributivo, aunque a costa del "achatamiento" de la pirámide, ya que los haberes medios y altos no recibieron las mismas actualizaciones.
En 2008, el paradigma cambió con la Ley 26.425, que eliminó las AFJP y creó el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), unificando el sistema bajo un régimen público de reparto basado en la solidaridad intergeneracional y transfiriendo sus activos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
Durante la gestión de Cristina Kirchner, se sancionó la Ley 26.417 de Movilidad Previsional (2008), que estableció actualizaciones semestrales automáticas basadas en la recaudación de ANSES y la evolución salarial (50% Recursos Tributarios y 50% el mayor valor entre el índice de salarios INDEC y el RIPTE). Entre 2009 y 2015, esta fórmula permitió que las jubilaciones acumularan una ganancia real significativa, acumulando un crecimiento real del 25,8%.
Otro hito fundamental de este período fue la universalización de la cobertura. Mediante las moratorias previsionales (como la Ley 24.476), se incorporaron más de 2,5 millones de adultos mayores que estaban excluidos, alcanzando un nivel de cobertura récord del 95% en 2015, el más alto de América Latina. Al concluir el ciclo kirchnerista, la jubilación mínima compraba un 86% más que en 2001, situándose en niveles de poder adquisitivo históricamente competitivos para la región.
El cambio de fórmula y los bonos: Macri y Alberto Fernández
Durante la gestión de Mauricio Macri, se modificó el cálculo de movilidad en diciembre de 2017 a través de la Ley Nº 27.426, estableciendo actualizaciones trimestrales basadas en un 70% de inflación y un 30% de los salarios privados. Este esquema utilizaba datos con un rezago de seis meses para determinar los aumentos y, aunque buscaba preservar el valor frente a los precios, provocó un ajuste regresivo. Al finalizar su mandato en 2019, la jubilación mínima acumulaba una caída real cercana al 14%, según distintas estimaciones privadas.
Al asumir Alberto Fernández, se suspendió la fórmula de Macri y se otorgaron incrementos por decreto de forma discrecional hasta marzo de 2021, cuando el Congreso aprobó un nuevo cálculo. Esta nueva fórmula se componía en un 50% por la recaudación de la ANSES y un 50% por la variación salarial (eligiendo el indicador más alto entre INDEC y RIPTE).
Para intentar mitigar la pérdida ante la inflación, el gobierno de Fernández implementó el uso de bonos extraordinarios destinados a los haberes mínimos. Esto generó una fractura crítica: mientras quienes cobraban la mínima con bonos lograron "empatar" parcialmente la inflación, los haberes medios y altos sufrieron una pérdida real cercana al 40% entre 2019 y 2023. En el balance general de su gestión, el haber mínimo bonificado registró una caída real del 14,5%.
La situación actual bajo la administración de Milei
La gestión de Javier Milei marcó un cambio de paradigma en la política previsional con la implementación del DNU 274/2024, que sustituyó la fórmula de movilidad de 2021 por una actualización mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago. Si bien este esquema permitió una recuperación parcial tras el impacto de la devaluación y la desregulación de principios de 2024, el nuevo sistema sirve para consolidar los haberes en un piso históricamente bajo. Al atar las jubilaciones estrictamente a la inflación, el Gobierno aseguró que los jubilados no pierdan más terreno, pero al mismo tiempo les impidió recuperar el poder de compra perdido durante el pico inflacionario del inicio de su mandato.
Uno de los puntos más críticos de la situación actual es el congelamiento del bono extraordinario en $70.000, suma que permanece inalterada desde marzo de 2024. Esta decisión ha licuado mes a mes la capacidad de compra de quienes perciben la jubilación mínima, representando un recorte real de gran magnitud: de haberse actualizado en la misma proporción que los haberes, el bono debería alcanzar los $209.994 para junio de 2026. Como resultado, mientras que los jubilados que no cobran bono se mantienen un 2,5% por debajo del nivel del gobierno anterior, aquellos que perciben el refuerzo sufren una caída mucho mayor, ubicándose un 18,9% por debajo del poder adquisitivo de finales de 2023.
La comparación entre el esquema actual y la derogada Ley 27.609 revela que el cambio de fórmula se produjo justo cuando el mecanismo anterior comenzaba a ser superador debido al descenso de la inflación. Para junio de 2026, la jubilación mínima bajo el decreto de Milei se sitúa en $403.327, mientras que de haber continuado la fórmula previa ascendería a $490.621, lo que representa una diferencia del 21,6% a favor del esquema derogado. Esta brecha confirma que la eliminación de la ley de 2021 fue una decisión estratégica para moderar el gasto, una observación que el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) ha validado en sus revisiones.
El panorama se torna aún más complejo con el endurecimiento de las condiciones de acceso al sistema tras el fin de la moratoria previsional en marzo de 2025, la cual no fue prorrogada por el Ejecutivo. Sin esta herramienta, se estima que 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones no podrán jubilarse por falta de aportes, quedando relegados a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que solo otorga el 80% de una mínima y no es pensionable. A esto se suma el uso del veto presidencial para bloquear recomposiciones del 7,2% aprobadas por el Congreso, consolidando una política donde las jubilaciones funcionan como la principal variable de ajuste del programa económico.
Los datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestran que las jubilaciones registraron su mayor recuperación entre 2003 y 2015. Desde el piso alcanzado tras la crisis de 2001, el haber mínimo más que duplicó su poder adquisitivo entre 2003 y 2010 (+102,8%) y continuó creciendo incluso después del veto al 82% móvil, acumulando una mejora total del 155,3% hasta fines de 2015, cuando alcanzó su máximo nivel de las últimas tres décadas.
A partir de entonces comenzó una etapa de deterioro. Entre 2015 y 2019 las jubilaciones perdieron 22,4% de su poder de compra y entre 2019 y 2023 registraron una nueva caída, aunque los bonos compensatorios permitieron sostener prácticamente sin cambios a quienes cobraban la mínima. Con la llegada de Javier Milei, los haberes sufrieron un fuerte retroceso inicial por el salto inflacionario de comienzos de 2024. Si bien la nueva fórmula atada al IPC permitió recuperar parte de lo perdido, hacia fines de 2025 las jubilaciones mínimas con bono continuaban por debajo de los niveles heredados al final de la gestión anterior.
Los números son contundentes: según el cálculo realizado por la Defensoría de la Tercera Edad, la Canasta Básica de los Jubilados ascendió en marzo a $1.824.682, cifra que incluye gastos de vivienda, medicamentos y manutención, y que expone la distancia entre los ingresos y las necesidades de los adultos mayores. De esta manera, el costo de vida es cuatro veces mayor al haber mínimo, que alcanzará este mes los $473.317,99 con el bono congelado excepcional de $70.000. Ni que hablar de aquellos quienes tienen que afrontar un alquiler, la cifra quintuplica los haberes mínimos. Un sistema que logra preservar el poder adquisitivo desde un piso deteriorado sigue sin resolver la pregunta central que impulsaba aquellos reclamos en la década del 90: cuánto necesita realmente un jubilado para vivir con dignidad. La lucha de Norma, lamentablemente, sigue vigente.
