Una jueza porteña declaró inconstitucional la baja de la edad de punibilidad y sobreseyó a un menor de 14 años

La jueza Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, declaró la inconstitucionalidad de la aplicación de la nueva edad de punibilidad a un adolescente de 14 años y dispuso su sobreseimiento en una causa por tentativa de robo.

La resolución fue dictada a partir de un episodio en el que un grupo de adolescentes habría intentado robar a un hombre que caminaba por la vía pública. El hecho no llegó a concretarse porque la víctima logró alejarse y pidió asistencia a un agente de la Policía de la Ciudad.

De Marinis sostuvo que las circunstancias particulares del caso permitían considerar regresiva la incorporación de adolescentes de esa edad al sistema penal. En sus fundamentos, planteó que la respuesta estatal frente a una infracción cometida por un menor debe priorizar las herramientas de asistencia y protección de derechos y que la intervención penal debe ser utilizada como último recurso.

La magistrada también hizo referencia al principio de proporcionalidad y señaló que la reducción de la edad de responsabilidad penal debe ser analizada a la luz de los derechos reconocidos a niños y adolescentes por tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional.

El pronunciamiento se limita al caso concreto y no implica la suspensión general del Régimen Penal Juvenil, por lo que la normativa continúa vigente. La decisión también puede ser apelada ante instancias superiores.

Jorge Macri anunció que pedirá el juicio político contra la jueza

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reaccionó contra la resolución y ordenó al ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, que avance con un pedido de juicio político contra De Marinis. Además, confirmó que el Gobierno porteño apelará el fallo.

Macri cuestionó la decisión judicial y sostuvo que los jueces deben aplicar las leyes vigentes. También afirmó que se trata de la primera vez que impulsa un pedido de juicio político y planteó que el caso abre una discusión sobre el rol de los magistrados frente al nuevo régimen penal juvenil.