Un total de 882.173 deudores tenía en julio sus compromisos financieros transferidos a agencias de cobranza, según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) elaborado a partir de datos del Banco Central. La cifra muestra el avance de una modalidad que ganó peso durante el último año, al mismo tiempo que se profundizó la dificultad de los hogares para cumplir con sus pagos.
Las entidades dedicadas a la cobranza adquieren de bancos y otras compañías créditos con dificultades de recuperación por una fracción de su valor y luego buscan cobrar esos compromisos a los deudores. De acuerdo con el IAG, un grupo de 11 entidades, entre estudios de cobranza, fondos de inversión y fideicomisos, concentra el 15% de los deudores morosos y el 9,6% de las líneas de crédito irregulares.
Sin embargo, esas carteras representan apenas el 3,6% del monto total en mora. El esquema implica que las empresas especializadas buscan recuperar los créditos adquiridos para obtener una diferencia entre el precio pagado y el dinero finalmente cobrado.
El IAG también advirtió sobre las prácticas utilizadas en algunos procesos de recuperación y señaló que pueden incluir situaciones de presión y hostigamiento, conductas que están alcanzadas por la normativa vigente.
La morosidad de largo plazo sigue en aumento
El crecimiento de las carteras derivadas a empresas de cobranza se produce en un contexto de fuerte deterioro de los indicadores de cumplimiento. Durante el último año, la cantidad de personas sin atrasos en sus obligaciones cayó en 887.010, mientras que también se redujo el número de deudores con demoras de hasta seis meses.
En cambio, aumentaron los casos de morosidad más prolongada. Los deudores con atrasos de entre seis meses y un año crecieron en 536.899 personas, mientras que aquellos que acumulan más de un año sin cumplir con sus compromisos aumentaron en 1.298.950.
En términos interanuales, el grupo con más de un año de atraso se expandió un 60%, mientras que el segmento con entre seis meses y un año de mora creció un 63%.
El último informe del Banco Central también registró un incremento de la irregularidad crediticia de los hogares. En julio, la morosidad del crédito destinado a las familias alcanzó el 12,9%, frente al 5,6% registrado un año antes.
Otro dato expone la dimensión del problema: el IAG señaló que 3,4 millones de personas son consideradas “irrecuperables”, categoría que corresponde a quienes acumulan un año o más de atraso. Dentro de ese grupo, la mitad registra una deuda total de $77.900 o menos.