Un grupo de presos del Complejo Penitenciario San Felipe, en Mendoza, fue allanado luego de que las autoridades detectaran que habían realizado un streaming con un influencer porteño desde el interior de la cárcel. El Servicio Penitenciario secuestró cinco celulares y abrió una investigación administrativa, disciplinaria y judicial tras la alerta emitida por el área de Inteligencia Penitenciaria.
"Somos de Argentina, estamos en el penal de San Felipe. En Mendoza”, fue la frase que comprometió al grupo de detenidos en el penal de San Felipe y que es parte del video que encontraron las autoridades en redes donde se los mostraba charlando con Valentín Melo, un influencer del conurbano bonaerense que tiene más de 600 mil seguidores.
La conexión se dio por OmeTV, una app que engancha videollamadas al azar con gente de todo el mundo. En el clip, los internos le preguntan al streamer “¿De dónde sos, papá?”. Melo responde que es de Berazategui y hasta piensa que ellos son de España. Pero los reclusos lo frenaron y le dijeron: “Somos de Argentina, estamos en el penal de San Felipe, en Mendoza”.
Pasada la comunicación, intervinieron las autoridades penitenciarias de Mendoza que identificaron a los presos que participaron del streaming y allanaron el pabellón donde estaban. En el operativo secuestraron cinco celulares y abrieron causas disciplinarias, administrativas y judiciales contra los internos.
En ese contexto, el Servicio Penitenciario recordó que el uso de teléfonos está prohibido en todas las cárceles de la provincia desde diciembre de 2023, cuando el Gobierno eliminó definitivamente la posibilidad de ingreso de estos dispositivos para reforzar la seguridad. En 2025, además, se puso en marcha el Sistema Único de Control Penitenciario con tecnología TETRA para mejorar las comunicaciones internas y el control del personal.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad y Justicia avanza con un sistema de inhibición selectiva de llamadas y la incorporación de equipos Body Scan para reforzar los controles de ingreso de familiares. La segunda etapa prevé inhibidores fijos en sectores de internos de alto perfil, con el objetivo de bloquear líneas activas y facilitar procedimientos judiciales sin afectar las comunicaciones externas.