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Trabajadores estatales aéreos anunciaron un paro para este jueves

Reclaman por los despidos en el sector y por la reapertura de paritarias, debido a que perdieron 32 puntos de su poder adquisitivo en lo que va del año.

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  • La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para este jueves, en reclamo por la preocupante situación salarial y en rechazo a los despidos en el sector.

    En principio, el paro anunciado no tiene relación con el trabajo de los controladores aéreos ni incidencia con la seguridad operacional en los los aeropuertos, y no se verían interrumpidos servicios tras declararse la esencialidad en el transporte aéreo.

    Esto ocurre tras el paro de 24 horas que mantuvieron los pilotos y aeronavegantes la semana pasada y que afectó a más de 300 vuelos y perjudicó a casi 40 mil pasajeros.

    Dejen de echarle la culpa a los trabajadores por los vuelos que se cancelan. La paralización de las actividades en los aeropuertos es exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional. No son los paros los que ponen en riesgo a las empresas aéreas y favorecen su privatización, sino las políticas del presidente Milei. Con despidos, congelamiento de salarios y desinversión presupuestaria, intentan rematar todo el patrimonio nacional”, apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

    La ANAC es el organismo que regula las actividades de aviación civil en todo el territorio argentino y su función es regular y fiscalizar la aviación civil del país para optimizar la seguridad operacional en el espacio aéreo argentino, en los aeropuertos y aeródromos.

    El gremio señaló que los motivos que originan la medida son retrotraer los despidos de trabajadores del organismo y la reapertura de paritarias para discutir una actualización salarial, ya que explicaron que los trabajadores del sector perdieron 32 puntos de su poder adquisitivo en lo que va del año.

    Con respecto al primero de los puntos, ATE planteó la contradicción que surge a partir de que el organismo se ve atravesado por una auditoría internacional que informó la falta personal idóneo en áreas específicas de fiscalización. En ese sentido, apuntaron como "una incongruencia que mientras organismos internacionales enumeran la falta de personal, el Gobierno despida gente".

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