Sindicalización, represión y acuartelamientos: las claves para entender el conflicto salarial de la policía en Santa Fe

La provincia de Santa Fe atraviesa un fuerte conflicto con la policía local, que desde comienzo de la semana inició una protesta por bajos salarios con epicentro en la ciudad de Rosario, que llevó a acuartelamientos, marchas en las puertas de las diferentes comisarías y negociaciones con el gobierno local para intentar buscarle una solución a la problemática.

¿Los policías pueden crear un sindicato o representación gremial? ¿cuál es el antecedente en la Corte Suprema que impide su conformación? ¿cómo es el cálculo de la paritaria? ¿quién la ejecuta? ¿qué fuerzas los reprimen? ¿cuál es el pedido de los agentes? Estas son algunas de las preguntas que llevan a entender las claves de un estallido policial que hasta el momento no tiene solución.

La jurisprudencia actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación impide que la fuerza policial pueda sindicalizarse. Se remite a un fallo del 2017 en el marco de una causa iniciada por el Sindicato Policial de Buenos Aires (Sipoba), a quien se le negó la personería jurídica al dictaminar que la Constitución Nacional no garantiza un derecho absoluto a la sindicalización para las fuerzas armadas o de seguridad.

En su argumento para el fallo, se considera que la policía responde a una fuerza vertical, jerárquica y armada, cuyo fin es garantizar el orden público. Pese a que en Argentina no pueden conformar sindicatos, sí hay casos en Uruguay, España y Francia, donde existen asociaciones policiales solo con capacidad de negociación salarial, aunque sin derecho a huelga.

Policía de Santa Fe

En 2020, existió el caso del Ministerio de Trabajo c/ Asociación Profesional Policial y Penitenciaria de Entre Ríos, donde la Corte nuevamente volvió a fallar en contra de la actividad gremial policial, reforzando que la operatividad del servicio de seguridad es incompatible con la dinámica sindical tradicional.

Cómo es el cálculo de una paritaria policial

La fuerza policial no cuenta actualmente con una mesa de paritaria formal para negociar con el gobierno local, igual que otros gremios como el de los docentes y médicos. Los aumentos quedan definidos por una decisión unilateral del gobernador que, vía decreto, autoriza los incrementos generalmente similares a los conseguidos por gremios estatales como ATE y UPCN.

La estructura de sueldo está conformada por el sueldo básico; sumas no remunerativas, que en su mayoría son agregadas como ítems apartes en los diversos aumentos que no impactan en el aguinaldo y jubilación; y las horas OSPE (Servicio de Policía Extraordinaria), conocida popularmente como "adicionales".

En la última actualización salarial, el gobierno de Santa Fe había autorizado, por decreto, un incremento del 7% escalonado que impactó durante todo el segundo semestre del 2025. De esta manera, el piso salarial desde el 1 de diciembre quedó fijado en $819.375. En la escala salarial, un Director General de Policía percibe un básico de $1.626.942, mientras que el básico de un suboficial es cercano a los $130.505.

El ofrecimiento del gobierno de Santa Fe

El conflicto policial se arrastra desde hace más de una semana. Un sector de la fuerza reclama un sueldo básico de $1.900.000 y mejoras en las condiciones laborales. Según un recibo al que accedió C5N, un agente con 11 años de antigüedad percibe $1.141.000 de bolsillo, una cifra que los uniformados consideran insuficiente frente al costo de vida.

El martes a las 23.30 se llevó a cabo una reunión clave entre representantes del Gobierno y policías que encabezan la protesta. Participó el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni. El encuentro fue extenso, pero no hubo acuerdo. Fuentes oficiales indicaron que la oferta apuntaba a superar el valor de la canasta básica, aunque los agentes exigen una propuesta formal por escrito.

El momento de tomar la palabra en una conferencia de prensa de este miércoles, el ministro de economía provincial Pablo Olivares afirmó: “Hay que atender el estrés de las fuerzas en la composición salarial. Será tenido en cuenta para todo aquel que porta un arma, que tiene una alta carga horaria, de 48 horas o más, tendrá un ingreso no inferior a la canasta básica del Indec que se publica este miércoles”.

La represión contra la policía

Aquellas fuerzas de seguridad que llevan a cabo medidas de fuerza, acuartelamientos, cortan calles o rodean edificios públicos o comisarías, se enmarcan en el delito de sedición o falta grave a los deberes de funcionario público.

Pese a que ningún gobierno provincial quiere pagar un alto costo político por llevar a cabo medidas de represión. Las mismas, en caso de implementarse, se pueden recurrir a las fuerzas federales como Gendarmería Nacional, Prefectura o Policía Federal, para su intervención.

También pueden implementarse medidas administrativas y judiciales como conformación de sumarios, pases a disponibilidad, quita del arma reglamentaria y causas penales por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Los principales proyectos sobre la sindicalización policial

"Agremiación Profesional" (Santa Fe)

Se trató de un proyecto de ley presentado en 2022 por la ahora exdiputada Matilde Bruera, del bloque Lealtad Kirchnerista / Santa Fe sin Miedo, que más veces ha intentado tratarse en la legislatura provincial.

El mismo propone la creación de "Asociaciones Profesionales" para el personal policial y penitenciario con el objetivo de defender los derechos laborales de los trabajadores de la fuerza, aunque prohíbe la puesta en práctica de paro para no poner en riesgo la seguridad pública.

Creación de Sindicatos sin Derecho a Huelga

Se trató de una iniciativa de carácter nacional presentada por el diputado Néstor Pitrola del Partido Obrero / Frente de Izquierda el cual intentaba reformar la Ley de Asociaciones Sindicales a nivel federal para que el fallo de la Corte Suprema de 2017 quede sin efecto.

Sistema de Bienestar Policial (Santa Fe)

El proyecto, impulsado por el exministro de Seguridad, Marcelo Sain, en 2020 durante la gobernación de Omar Perotti.

Incluido en un paquete de leyes de Reforma de Seguridad, no hablaba explícitamente de la conformación de un sindicato, sino que hacía referencia a la creación de una estructura interna de representación gubernamental y policial para discutir condiciones laborales. Fue rechazado por la legislatura provincial, ya que consideraban un intento de "politizar" la fuerza provincial.