Amenazas a los policías de Santa Fe que reclaman por mejoras salariales: "Después no hay vuelta atrás..."

En el marco del acuartelamiento que protagonizan efectivos de la Unidad Regional II de Rosario en reclamo de mejoras salariales y laborales, comenzaron a circular amenazas directas de autoridades policiales para que depongan la medida. “Después no hay vuelta atrás, muchachos”, fue la frase que encendió las alarmas entre los uniformados.

El conflicto se inició días atrás cuando un grupo de oficiales decidió paralizar parte de la actividad operativa. El planteo es concreto: llevar el sueldo básico a $1.900.000. Según un recibo al que accedió C5N, un efectivo con 11 años de antigüedad percibe de bolsillo $1.141.000.

La respuesta oficial fue inmediata: cerca de 20 policías fueron pasados a disponibilidad. El martes hubo una reunión entre autoridades provinciales y representantes de los efectivos, pero hubo avances. Desde el grupo que sostiene la protesta aseguran que el gobierno “juega al desgaste” y que los hostigan para forzar el regreso a las calles.

Este miércoles por la mañana, distintas autoridades se acercaron a dialogar. El jefe de Policía de Santa Fe, Luis Maldonado, buscó descomprimir: prometió que no habrá más pases a disponibilidad y que levantarán al menos 13 sanciones vigentes.

“Tenemos que mostrar buena voluntad. Para que las negociaciones no se sigan dilatando, tenemos que salir a la calle. Necesitamos salir a la calle. Eso fue acordado con el referente de ustedes”, afirmó ante los efectivos.

Pero minutos después, otra voz endureció el tono. “Necesito referentes. Es voluntad de las dos partes. Es un grupito que se cruce, nada más. Después no hay vuelta atrás muchachos. Es para explicarles. Si no les gusta la idea después vuelven acá”, lanzó una autoridad frente a los manifestantes.

El mensaje fue interpretado como una advertencia. Los policías se niegan a ingresar a reuniones cerradas por temor a nuevas sanciones, como las que ya alcanzaron a los primeros 20. Exigen que el diálogo sea con la presencia de un representante externo, como el abogado Gabriel Sarla, exintegrante de la fuerza y actual asesor legal del grupo.

El conflicto sigue abierto. Mientras el gobierno provincial busca normalizar el servicio y pide que los oficiales vuelvan a patrullar, los efectivos mantienen la medida y reclaman garantías.