Secta de Villa Crespo: los fiscales se oponen a la excarcelación de los detenidos

Luego que se negaran a declarar los 19 detenidos acusados de integrar una secta que operaba en Villa Crespo y solicitaran su excarcelación, los fiscales pidieron que sean rechazados los pedidos.

Ahora, el juez federal Ariel Lijo es quien debe resolver los pedidos tras el dictamen de los fiscales, Carlos Stornelli y Alejandra Mangano.

La defensa planea plantear que el caso ya fue investigado años atrás y todos fueron sobreseídos, por lo que no se los puede investigar dos veces por los mismos hechos.

La causa judicial de la secta de Villa Crespo

Según la investigación que dirige la Justicia con la Policía Federal, la secta prometía, entre otras, cosas terminar con “los males del SIDA y las drogas”, una suerte de ejercicio ilegal de la medicina.

Una de las grandes acusaciones apunta al delito de trata, que captaban a personas a quienes las obligaban a tener relaciones sexuales, tal cual surge del expediente.

Tras casi un año de tareas investigativas los detectives pudieron determinar que la organización utilizaba a sus adeptos para el ofrecimiento de relaciones sexuales a “personas de poder” (que eran captados en bares y lobbys de hoteles) y además se dedicarían a realizar “curas de sueño” a personas captadas en el extranjero en una clínica denominada “CMI ABASTO”, ingresando de esta manera dólares y euros al circuito legal mediante inmobiliarias y escribanías, que tiene la organización en el país.

Cómo funcionaba la secta de Villa Crespo

La organización tenía base bajo el nombre BA GROUP y sedes en los Estados Unidos. Se estima que la cantidad de “alumnos de la familia BAYF” ascendería aproximadamente a 170 personas en la Argentina y otros tanto en EE.UU, quienes aportan a dicha organización una cuota mensual en divisas extranjeras, que denominan “ceremonial”.

También cuenta con otros 1.500 “alumnos captados” por BA GROUP, a los que les cobran por capacitaciones “evolutivas”, clases de lectura y distintas jornadas dirigidas a organismos estatales, provinciales o municipales, consejos profesionales, organizaciones con o sin fines de lucro, emprendedores y o público en general.