El Juzgado Multifueros de El Bolsón, en Río Negro, ordenó restringir el acceso a plataformas de streaming y de contenido digital a un hombre que acumula una deuda alimentaria de casi $4 millones a favor de sus hijos, y dispuso además la inhabilitación de su licencia de conducir hasta que regularice la situación.
Río Negro: le dieron de baja la cuenta de Netflix por una deuda alimentaria de casi $4 millones
Un juzgado de El Bolsón ordenó suspender las suscripciones a plataformas de streaming a un padre deudor e inhabilitarle su licencia de conducir hasta que regularice la deuda a favor de sus hijos.
La resolución alcanza a Netflix, Disney+, Max, Prime Video, Spotify, YouTube y otros servicios. El tribunal ordenó consultar primero a esas empresas si el hombre posee cuentas registradas a su nombre. En caso de confirmarse, deberán suspenderlas y abstenerse de habilitar nuevas contrataciones mientras continúe el incumplimiento.
La liquidación aprobada en el expediente asciende a casi $4 millones. Ante la persistencia de la deuda, la madre de los niños solicitó nuevas herramientas de ejecución, pedido que contó con dictamen favorable de la Defensoría de Menores.
El tribunal fundamentó la medida en el artículo 553 del Código Civil y Comercial, que habilita a adoptar medidas razonables para lograr el cumplimiento de obligaciones alimentarias ante la falta reiterada de pago. El fallo remarcó que las restricciones no constituyen una sanción, sino un mecanismo para disuadir la mora y hacer efectiva la prestación.
La Justicia investiga si el deudor tiene inmuebles inscriptos a su nombre
La causa ya registra otras medidas en curso, entre ellas un mandamiento de embargo sobre un vehículo. También se librarán consultas a los Registros de la Propiedad Inmueble de Río Negro y Neuquén para determinar si el deudor tiene inmuebles inscriptos a su nombre. Si se detectan bienes, el tribunal podrá evaluar nuevos embargos para recuperar los montos adeudados.
Desde el juzgado señalaron que el derecho alimentario es un derecho humano básico, vinculado con el interés superior de los niños y su derecho a un nivel de vida adecuado. El fallo agregó que el incumplimiento de las obligaciones respecto de un hijo puede constituir violencia económica contra la progenitora.
La jueza rechazó aplicar una multa porque consideró que una nueva obligación económica no garantizaría el cobro de una deuda que hasta ahora permanece impaga. La sentencia puede ser apelada y el tribunal recordó que, ante incumplimientos sistemáticos, existe la posibilidad de iniciar acciones en el fuero penal.
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