Las encuestas e indicadores económicos traen malas noticias para el Gobierno.
A ese escenario político se suma un condicionante económico que contradice la narrativa oficial de recuperación. Es cierto que la inflación de agosto fue del 1,7% mensual, el registro más bajo en 14 meses, y que la variación interanual descendió al 33,5%. Es uno de los pocos datos positivos que Milei puede exhibir de su gestión y por eso se aferra a él. Pero la desaceleración de los precios convive con otros indicadores muy desfavorables. En los primeros ocho meses del año la inflación acumuló 21,3%, más del doble de la meta anual del 10,1% establecida en el Presupuesto 2026, mientras vivienda, servicios básicos, educación y salud tuvieron aumentos superiores al índice general en agosto. La discusión, por lo tanto, ya no pasa solamente por si los precios suben menos, sino por qué está ocurriendo con la actividad, los ingresos y la capacidad de consumo de los hogares.
Los números de la producción son lapidarios. En julio, la industria cayó 4,9% interanual y la construcción 4,5%; respecto de junio, los retrocesos fueron de 5% y 4,6%, respectivamente. Son dos sectores especialmente relevantes por su capacidad para generar empleo, porque juntos representan alrededor del 25% del empleo asalariado privado registrado. Desde la llegada de Milei al poder, la industria perdió unos 87.000 empleos formales y cerraron más de 4.000 empresas, mientras alrededor del 40% de la maquinaria industrial permanece inactiva. La construcción, además, continúa afectada por el freno de la obra pública y por el debilitamiento del mercado interno. El Gobierno sostiene que se trata del costo de la transición hacia una economía más abierta, pero los datos muestran que el costo de esa transición sigue concentrado en sectores que tienen una incidencia directa sobre el empleo y los ingresos.
La oposición obtuvo un triunfo resonante esta semana al instalar la discusión sobre el endeudamiento de las familias. Hubo un intento del Gobierno de disfrazar la derrota, pero fue infructuoso. Durante el primer trimestre de 2026, el 58,7% de los hogares urbanos recurrió a algún tipo de financiamiento. La morosidad también creció y la oposición logró llevar el problema al Congreso, junto con la emergencia en discapacidad. En la Cámara de Diputados, 135 legisladores consiguieron reunir el quorum para forzar el tratamiento de ambas cuestiones, pese al intento del oficialismo de bloquear la sesión.
Ese cuadro económico condiciona directamente la política, en el Congreso y en otros ámbitos. Los gobernadores necesitan recursos para provincias que también sufren el impacto de la caída de la actividad, del empleo y del consumo. Lo que durante estos casi tres años fue una actitud mendicante, hoy comienza a volverse cálculo, cuando no rebeldía.
Esa dificultad para acordar es hija del poco cumplimiento del oficialismo de sus compromisos y ya tiene expresiones concretas. La UCR dejó de funcionar como un respaldo relativamente previsible para el oficialismo y sus diez senadores comenzaron a resultar determinantes en iniciativas centrales. Eduardo Vischi ya avisó que no los puede ordenar. Los radicales boina blanca bloquearon la posibilidad de abrir el debate sobre la reforma de la ley de biocombustibles y cuestionaron, entre otros puntos, la reducción progresiva de la participación de las pymes en el mercado del biodiésel. Las diferencias también trabaron el dictamen del súper RIGI y obligaron al Gobierno a aceptar modificaciones en el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada. En Diputados, la bancada radical dejó de acompañar la estrategia oficial para impedir el tratamiento de la emergencia en discapacidad. El dato político es que el Gobierno ya no puede dar por descontados los votos de sectores que durante buena parte de su gestión le permitieron avanzar con proyectos clave.
La oposición se impuso en Diputados y obligó a tratar el tema de la morosidad.
La misma tensión aparece en la relación con los gobernadores peronistas que hasta ahora mantuvieron distintos grados de cercanía con la Casa Rosada. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se reunirá la semana que viene con Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz para construir un espacio de mandatarios provinciales que tome distancia de Milei y discuta una estrategia común hacia 2027. El riojano, que se llevó ese mandato de la reunión de hace unas semanas en el PJ, también se encontró con el grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires que buscan salir por arriba de la interna.
No sin muchas fricciones, el peronismo comienza a encontrar ámbitos de discusión posibles y eso da resultados. El gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, sigue hablando maravillas de Luis Caputo y Diego Santilli, pero ya avisó que no desdobla las elecciones provinciales y propone una PAS como alternativa a la exigencia de la Rosada. La propuesta de internas no obligatorias es una salida de estos mandatarios para no decirle que no a los hermanos Milei pero tampoco sacar el plato de lo ordenado por el PJ. A La Libertad Avanza no le sirven las PAS porque ayudan a que el peronismo se ordene. Por otra parte, Jalil fue astuto y utilizó el discurso libertario para justificar su unificación de las elecciones provinciales con las nacionales. "Realizar dos elecciones implica destinar fondos que preferimos invertir en viviendas, rutas, escuelas y hospitales", aseguró.
Si otros gobernadores unifican también y hacen fuerza por un candidato del peronismo, el escenario puede ser incierto para el Gobierno. En el entorno de Sergio Massa aún se lamentan de los 700 mil votos que faltaron para ganar en primera vuelta en 2023 y, en parte, se lo atribuyen a la decisión de los gobernadores de desdoblar. Una oposición más articulada, algo que aún está en veremos, puede aprovechar para ganar las nacionales y también retener o recuperar distritos. El acercamiento del salteño Gustavo Sáenz es llamativo porque la semana pasada en su entorno tenían expectativas de que Milei lo elija como compañero de una eventual fórmula para la reelección. En este sentido, no es menor que algunos de esos gobernadores hayan mantenido canales de negociación con el Gobierno, pero, si empiezan a coordinar entre sí, el oficialismo pierde capacidad para negociar individualmente con cada provincia.
La Libertad Avanza se reunió por tercera vez con el PRO, con Karina Milei presente, para formar un frente electoral común hacia 2027 y las conversaciones ya comenzaron a bajar a las provincias, donde se discuten candidaturas y estructuras. El oficialismo sabe que propuestas nacionales o provinciales de los amarillos los expondrían a perder a ambos. Pero al mismo tiempo aparecen disputas por quién conduce esos armados. En la Ciudad de Buenos Aires, mientras Karina se reunía con los enviados del PRO, Pilar Ramírez -su delegada en CABA- hizo campaña mostrando el abandono de la zona sur. Ramírez profundiza su despliegue territorial y en el entorno de Karina Milei no descartan enfrentar a Jorge Macri si las negociaciones con el PRO no prosperan.
En Córdoba, la hermana presidencial se prepara para respaldar a Gabriel Bornoroni como candidato libertario a gobernador. Este sábado aprovechó un encuentro de jóvenes para instalar esa candidatura. Hace unos días, Bornoroni y Luis Juez fueron recibidos con protestas universitarias en Río Cuarto. La Sociedad Rural de la ciudad presionó a los medios locales para que no difundan fotos del hecho.
La relación del oficialismo con los gobernadores empieza a mostrar fisuras.
En la provincia mediterránea aparece, además, otra dimensión de la disputa por el sentido político del Gobierno. Mientras Karina desembarca para ordenar la estructura libertaria y respaldar una candidatura para 2027, los obispos reunidos en la provincia, a dos meses de la visita del papa León XIV, plantearon la necesidad de "recuperar la escucha" y trabajar por la justicia social, con especial preocupación por los sectores más vulnerables. La coincidencia temporal expone dos agendas que marchan en sentidos diferentes. La de un oficialismo concentrado en candidaturas, estructuras partidarias y acumulación electoral con prescindencia de la gente, y la de una Iglesia que prepara la llegada del Papa poniendo en primer plano la cuestión social.
En Misiones, LLA perdió el apoyo automático de los legisladores nacionales de la provincia, que hoy conversan casi diariamente con Sergio Massa. A la vez, la Rosada ve una posibilidad cierta de ganar la provincia ante la ruptura del gobernador Hugo Passalacqua con el mandamás político, Carlos Rovira. Por eso, Lule Menem intenta imponer como candidato a gobernador al presidente del partido, Adrián Núñez, mientras la mesa política de la Casa Rosada prefiere al diputado Diego Hartfield, considerado más competitivo. El extenista cometió un error no forzado esta semana cuando defendió en comisiones el recorte de las becas para el deporte y un diputado de Unión por la Patria le recordó que él mismo se valió de una beca de varios años para poder avanzar en el tenis hasta ser profesional.
Pero, quizás, la mejor demostración de cómo la utilización de los conflictos provinciales puede comenzar a volverse en contra sucedió el viernes. Milei otorgó por decreto a Mendoza el 100% de las regalías generadas por el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, modificando el esquema vigente desde 1973 que repartía esos recursos con La Pampa. El gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, celebró la decisión y anticipó incluso un reclamo por los fondos percibidos por La Pampa durante años, que estimó en unos 680 millones de dólares.
Del otro lado, toda la estructura de gobierno de Sergio Ziliotto respondió. Incluso el constitucionalista pampeano Andrés Gil Domínguez cuestionó la medida y sostuvo que el conflicto excede lo económico porque involucra los derechos de La Pampa sobre el río Atuel. "Te roban un río y se quedan con todo el producido del río que te robaron", publicó Gil Domínguez en la red social X, y agregó: "Si esto fueran dos países y dos provincias, esto sería una guerra. Una guerra por el agua".
Además de favorecer al aliado Cornejo, Milei busca simplificar las condiciones para que otros amigos del poder accedan a las represas. La familia Neuss, que ya recibió otras represas y Transener, esperan como oferentes de la futura privatización. El capitalismo de amigos tiene sus consecuencias negativas y, así, una decisión presentada como una solución administrativa vuelve a abrir un conflicto histórico entre dos provincias y mete al Gobierno nacional a tomar partido en una disputa que tiene antecedentes judiciales y ambientales. Por otra parte, dejó a contrapierna y en silencio al esforzado vocero presidencial, Adrián Ravier, que quiere ser candidato a gobernador de su provincia de adopción, La Pampa.
Como decíamos, con Malvinas no se gobierna y menos cuando se trata de una causa impostada. En el Día del Maestro, el Presidente difundió un video en el que buscó compararse con Domingo Faustino Sarmiento, pero dos de los mapas utilizados en la publicación no mostraban las Islas. Detalle insólito para un gobierno tan repentinamente malvinero. Pero la comparación con Sarmiento también quedó atravesada por la crítica a las paupérrimas políticas educativas de la administración libertaria. Mientras el Presidente reivindica al impulsor de la educación pública, su Gobierno aplicó un fuerte ajuste sobre el área, eliminó el FONID y redujo el financiamiento nacional.
