Detuvieron a un empresario, un contratista y un arquitecto por trabajo esclavo

La investigación estuvo encabezada por el Ministerio de Seguridad y coordinada con el Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro. Derivó en 13 allanamientos simultáneos en Ramos Mejía, Escobar y otras localidades.

El caso se inició en junio pasado por una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Las víctimas, un total de 22 personas de ambos sexos, vivían en condiciones infrahumanas, hacinadas, sin acceso a comida adecuada, ventilación ni higiene básica y bajo amenazas.

Las autoridades identificaron una red que captaba ciudadanos del norte del país, prometiéndoles trabajo, pero que en realidad los sometía a jornadas laborales extenuantes de hasta 16 horas diarias. Además, no estaban registrados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El Juzgado Federal de San Isidro, liderado por la jueza Sandra Arroyo Salgado, autorizó una serie de allanamientos que involucraron la colaboración de la División Unidad Operativa Federal de la PFA, el Programa de Rescate del Ministerio de Justicia y otros organismos.

Secuestraron $28 millones, armas, municiones y dólares, euros y otras monedas extranjeras.

Los detenidos, según la información policial

• • Carlos Alberto Díaz Chilo: vinculado a la compra de vehículos utilizados por la organización.
• • Cristian Sajama: contratista involucrado en la gestión de las obras.
• • Walter Jorge Mosca: arquitecto y capataz, acusado de coaccionar a las víctimas para trabajar bajo condiciones infrahumanas.
• • Pablo Gastón Pellegrino: empresario que habría invertido en los proyectos y facilitado la estructura financiera de la organización.