La UBA convocó a la marcha universitaria contra el veto de Javier Milei: "Esta ley es a favor de todos"

La Universidad de Buenos Aires (UBA) convocó a la marcha que se realizará el miércoles al Congreso, que se desarrollará en simultáneo con la sesión especial en la Cámara de Diputados, en la que se discutirá la insistencia de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue vetada por el presidente Javier Milei.

En su cuenta de la red social X, la UBA llamó a la movilización y defendió la iniciativa que busca garantizar recursos adicionales para el funcionamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial de sus trabajadores: "Sí a la Ley de Financiamiento Universitario. Este miércoles 17/09 - 17h marchamos en defensa de la educación pública y de la Ley de Financiamiento Universitario".

"Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos. Por el futuro. Sumate a defender la Universidad pública", enfatizaron en esta línea.

En tanto, en un video, un grupo de alumnos marcó la importancia de la ley vetada por Milei: "Queremos cursar, queremos hacerlo presencialmente y tranquilos. Aprender dentro del aula. Queremos seguir siendo la Universidad de excelencia que somos y para eso necesitamos a los mejores profesores. Necesitamos que se queden. Queremos seguir formándonos siendo libres, sin que nadie nos diga qué tenemos que decir o cómo pensar".

También remarcaron el rol de las universidades estatales. "Queremos seguir siendo el orgullo de nuestras familias, el orgullo de nuestro país. Porque la Universidad Pública es algo de lo que todos estamos orgullosos. La Universidad Pública nos puso en lo más alto. Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos", marcaron.

"Te estamos pidiendo que vengas a bancar la Ley de Financiamiento Universitario. Para seguir siendo los mejores, para seguir siendo tu orgullo. Porque Universidad Pública somos todos", concluyeron.

El veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario

El presidente Javier Milei vetó en su totalidad la Ley de Financiamiento Universitario, que buscaba garantizar recursos adicionales para el funcionamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial de sus trabajadores.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial en la tarde del miércoles. Entre los argumentos del Gobierno señalan la falta de fuentes de financiamiento adecuadas, el aumento desproporcionado del gasto público sin respaldo y el riesgo de desequilibrio fiscal y presión inflacionaria. Es la segunda vez que el presidente libertario veta la iniciativa destinada a las universidades. En el 2024 ya había rechazado una iniciativa similar.

La Ley había sido elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional, al advertir que sin un aumento del presupuesto educativo corre riesgo el normal funcionamiento de las instituciones. Para insistir con la medida, el veto deberá ser rechazado por 2/3 de los votos de ambas Cámaras del Congreso, como sucedió la semana pasada con la Ley de Discapacidad.

Las claves de la Ley de Financiamiento universitario

Entre los principales puntos, la norma establecía la actualización automática del presupuesto universitario según la inflación medida por el INDEC, con ajustes bimestrales durante 2025. El financiamiento debía contemplar no solo los gastos de funcionamiento, sino también programas de investigación, extensión universitaria, hospitales universitarios e infraestructura.

Otro de los aspectos centrales era la recomposición salarial: el Poder Ejecutivo quedaba obligado a convocar paritarias para docentes y no docentes, asegurando que los salarios no quedaran por debajo de la inflación acumulada.

La ley también ampliaba la inversión en becas estudiantiles, con criterios de inclusión para sectores vulnerables, y destinaba recursos para la expansión de carreras y el fortalecimiento de la investigación académica. Además, creaba un fondo específico de 10.000 millones de pesos para implementar las medidas de manera inmediata.

Finalmente, la norma proyectaba una suba gradual del financiamiento estatal destinado al sistema universitario, desde un 1 % del PBI en 2026 hasta alcanzar aproximadamente el 1,5 % en 2031, con mecanismos de control y auditoría para garantizar la correcta aplicación de los recursos.