La Justicia descartó mala praxis en diez muertes de bebés investigadas en la Nueva Maternidad de Córdoba

La investigación judicial sobre las denuncias por fallecimientos de bebés ocurridos en la Nueva Maternidad Provincial de Córdoba tuvo avances determinantes que se conocieron luego de que la Fiscalía de Instrucción del Distrito IV comunicara los resultados de las primeras pericias médicas practicadas sobre diez expedientes incorporados a la causa, en los que se confirmó que no hubo mala praxis.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, los estudios fueron realizados por equipos técnicos especializados del Poder Judicial con participación de peritos de control propuestos durante el proceso. Los informes concluyeron que, en esos diez casos analizados, las muertes fueron intrauterinas y no existieron elementos que pudieran atribuirse al accionar médico.

Pese a esa conclusión, el expediente permanece abierto porque todavía restan informes periciales correspondientes a otros hechos denunciados. Entre ellos figura el fallecimiento de una mujer durante el parto, además de investigaciones vinculadas con presuntas lesiones sufridas por pacientes y dos muertes de recién nacidos.

Según publicó la agencia Noticias Argentinas, el abogado querellante Juan Cruz Soria Cangiano sostuvo que las familias aguardarán el resultado de todas las pericias antes de fijar una postura definitiva. "Estamos al tanto. Vamos a esperar que estén todas las pericias y con posterioridad vamos a analizarlas, para concluir si hubo o no mala praxis", señaló.

Ámbar: el primer caso denunciado

La causa comenzó el 13 de noviembre de 2025 tras la presentación realizada por Evelyn Medina, quien denunció que su hija Ámbar murió durante una cesárea que, según afirmó, fue realizada con demora en el establecimiento sanitario. Ese caso impulsó la apertura de la investigación judicial.

Con el avance del expediente, otras madres se presentaron ante la Justicia con denuncias similares. Entre los principales cuestionamientos planteados aparecen la postergación de cesáreas programadas, la intervención de médicos residentes en procedimientos de urgencia y el presunto incumplimiento de protocolos básicos de bioseguridad durante la atención.