Georgina Orellano, sobre el triple femicidio en Florencio Varela: "Cada vez nuestras vidas valen menos"

El horror del triple femicidio de Brenda del Castillo y Morena Verdi de 20 años y Lara Gutiérrez, de 15 años, torturadas y asesinadas por una banda de narcotraficantes, puso en evidencia la falta de políticas de Estado, y porqué Brenda, Morena y Lara terminaron haciendo lo que pudieron con sus vidas.

La secretaria de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina), Georgina Orellano, habló con C5N sobre el contexto social en que ocurrió el asesinato de las 3 jóvenes en Florencio Varela y aseveró: “Es imposible sostenernos en este sistema donde cada vez nuestras vidas valen menos, donde somos descartables".

La trabajadora aseguró que vivir se hace cada vez más difícil porque tienen que pagar el alquiler del hotel donde trabajan y donde mayormente vive y es "carísimo". Además, apuntó a los cuestionamientos que hubo, en general, con "las chicas que eran trabajadoras o no y sobre el rol también de las familias".

"El discurso que queda impregnado en lo social es que muchas de las cosas que a nosotras nos pasan, nos pasan por putas". "El discurso que queda impregnado en lo social es que muchas de las cosas que a nosotras nos pasan, nos pasan por putas".

"El tratamiento moralizante de los medios masivos de comunicación hace un borramiento a la clase social a la que pertenecemos, a los colores de piel que tenemos, a la precariedad que atravesamos. Hay un borramiento al rol y la responsabilidad del Estado. Es que cualquiera puede hacer con nosotras lo que quiera, por eso hablamos de sujetos descartables, porque en total la responsabilidad de los actos a los que nos oponemos o a la violencia a la que nos exponemos, tiene que ver con responsabilidad meramente nuestra", reflexionó.

Las 3 mujeres desaparecieron el 19 de septiembre después de subir a un vehículo

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Dos de las jóvenes, Brenda y Morena, eran primas, y Lara era amiga de las chicas. Brenda del Castillo era mamá de un niño de apenas 1 año. Brenda vivía con su madre, su hijo y sus hermanos menores en La Tablada. Había trabajado vendiendo ropa en redes sociales para apoyar a la familia y en el quiosco de 24 horas de su barrio, Ciudad Evita.

La trabajadora feminista puso énfasis en la crisis económica y social que se agudizó a partir del asumir la presidencia Javier Milei. "Una de las víctimas se dedicaba a la venta informal de ropa, pero hasta esta salida se cortó en el último tiempo. Hoy esos trabajos ya no están o ya no generan rédito económico", describió a C5N.

"Lo que se ve en los barrios dista mucho de lo que reflejan muchos medios masivos de comunicación que pusieron el foco del caso en por qué Lara, que era menor, 'no estaba en la escuela'. Como si el lugar y los recursos para vivir no fueran parte del problema que la llevó a prostituirse", reflexionó Georgina.

La activista reveló cómo sobreviven las mujeres en medio de lo que llama "economías subterráneas con marcos de ilegalidad". Esto sucede en plena ciudad de Buenos Aires, a 20 minutos del Obelisco, en la localidad más rica del país. Aclaró que esta marginalidad no tiene que ver solo con el trabajo sexual, sino que se ve a un montón de personas por fuera del tejido social, por fuera del sistema, que ejercían trabajos precarios, informales y que ya no los tienen.

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Otra de las formas de estigmatización que tuvo el caso, según Orellano, fue el entrecruzamiento de la realidad de las trabajadoras sexuales y el narcotráfico. En este sentido, subrayó que "nosotras no estamos de acuerdo en que haya una equiparación entre el trabajo sexual y el narcomenudeo, porque lo que hay es la pobreza, la precariedad, la crisis económica".

Otra vez queda expuesta la falta de oportunidades, que los trabajos a los que pueden acceder no son proyectos de ascenso social y que, por el contrario, crecen estas "economías subterráneas" que tienen que ver con la venta de estupefaciente en el espacio público, dice la trabajadora sexual.

La falta de políticas públicas del Gobierno

La falta de acceso a derechos básicos, como el derecho a la educación, la salud, el trabajo, el acceso a la justica, la identidad y el derecho a una vida libre de violencia, es una materia pendiente del Gobierno.

La autora de Puta Feminista resaltó que las trabajadoras sexuales son quienes siempre terminan judicializadas y procesadas. Muchas de ellas, lesbianas, travestis y trans, terminan siendo parte del entramado del poder judicial, punitivo, que tiene una mirada de clase. El rol como chivos expiatorios en la lucha contra las drogas", puntualizó.

La militante de Ni Una Menos advirtió que hay que trabajar con más fuerza para darle voz a estas mujeres, ante la grave situación que atraviesan. Su realidad está marcada por la violencia sistemática, discriminación, exclusión social, y precariedad económica y sanitaria. En el caso de las migrantes y del colectivo travesti trans, la discriminación se hace más evidente, ya que son las más atacadas. Todo sucede en medio de la conflictividad entre los vecinos y entre propias. Con razias de la Policía.

Las feministas reclaman por la obra social y la jubilación de las trabajadoras sexuales

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Cómo nació AMMAR

La AMMAR nació hace 30 años como una respuesta a la represión policial y, según relató a C5N la secretaria de la organización, "fueron trabajadoras sexuales de la calle, de los barrios de Flores, Constitución y Villa del Parque, quienes iniciaron la rebelión de las trabajadoras sexuales en Argentina".

Era el tiempo de los edictos judiciales, que no eran más que contravenciones utilizadas por la fuerza de seguridad para perseguir y hostigar a colectivos, como personas travestis y trans, bajo la figura del "escándalo" en el espacio público. Hoy este tipo de juzgamiento sigue vigente en 16 provincias y hay un Código Contravencional de la Ciudad que las criminaliza.

"Las compañeras desconocedoras incluso del marco legislativo y jurídico de la prostitución en nuestro país, legitimaban y naturalizaban un montón de prácticas hoy por hoy que le ponemos nombre y la denunciamos como violencia institucional", reflexionó la trabajadora.

Mientras, la sociedad argentina tiene que ayudar a visibilizar esta problemática como lo hizo AMMAR en 1994 y la red de mujeres Trabajadoras sexuales en Latinoamérica y el Caribe (REDTRASEX), en 1997, para que este colectivo tenga las condiciones laborales que merece y se respeten sus derechos humanos.