Denunció a dos hombres por violación, pero era falso y terminó condenada a tres años de prisión

Fiorella Belén Damiani, consejera escolar de Bahía Blanca, recibió una condena de tres años de prisión en suspenso por una falsa denuncia de violación contra dos hombres. La justicia determinó que la funcionaria mintió deliberadamente al acusar a Fernando Pereyra y Joaquín Álvarez, quienes en 2017 pasaron varios días detenidos en una celda de la DDI.

El fallo judicial fue contundente respecto al daño provocado por la mujer, subrayando que “se trató en el caso de afirmar como verdadero algo que no lo era, teniendo conocimiento de que sus manifestaciones incriminatorias hacia quienes fueran imputados de aquel proceso no eran verdaderas”.

El magistrado resaltó que estas declaraciones fraudulentas “fueron brindadas en el marco de un proceso criminal que los perjudicó”, alterando de forma irreversible la vida de Pereyra y Álvarez, dos músicos bahienses.

La difamación sostenida por Damiani durante años se desmoronó cuando las pruebas científicas contradijeron su relato: los análisis médicos descartaron lesiones y los exámenes toxicológicos probaron que no había sido drogada. A pesar de estas evidencias, la mujer insistió con su relato en 2021, hasta que la aparición de videos en los celulares de los acusados demostró que la relación había sido consentida y que ella estaba lúcida, obligándola a admitir que era quien aparecía en las imágenes.

La sentencia no solo impone la pena de prisión condicional, sino que también le aplica una inhabilitación especial por seis años para declarar como testigo, dada su probada falta de veracidad. El juez acreditó que “mediante el plexo de elementos de prueba valorado en su conjunto, se acredita sin duda la existencia material del hecho en su faz material, conforme fuera descripto, como asimismo la autoría de Damiani” en el delito de falso testimonio agravado.

Según el fallo, durante siete años, los dos hombres señalados por Damiani cargaron con el peso de una acusación de violación que afectó sus carreras y vínculos personales. La justicia finalmente determinó que la denunciante utilizó el aparato estatal para perseguir a inocentes, por lo que ahora deberá someterse al control del Patronato de Liberados y fijar un domicilio estricto para no hacer efectiva su detención.