Una megabanda criminal que se dedicaba al contrabando de productos electrónicos y teléfonos celulares que operaba en distintos puntos del país, cayó tras un allanamiento por parte de Agentes federales del Departamento Delitos Fiscales.
Una megabanda criminal que se dedicaba al contrabando de productos electrónicos y teléfonos celulares que operaba en distintos puntos del país, cayó tras un allanamiento por parte de Agentes federales del Departamento Delitos Fiscales.
A raíz de una investigación de casi dos años, los efectivos lograron identificar distintos lugares de distribución de mercadería ilegal en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y en la provincia de Misiones que eran utilizados como punto de abastecimiento debido a la cercanía con Paraguay, mediante embarcaciones clandestinas manejadas que cruzaban el Río Paraná.
La megabanda llevaba adelante "importaciones ficticias" de artículos para acceder al tipo de cambio oficial y sacar redito económico teniendo en cuenta la brecha cambiaria con el dólar paralelo, y así ganar la diferencia por cada uno de los supuestos dólares oficiales que consiguieron.
El comunicado de prensa de la PFA informó que "se determinó que los integrantes de la banda poseían locales de venta a la calle y que contaban con el apoyo de un estudio contable y una sucursal bancaria, con el fin de realizar operaciones de comercio exterior como "importaciones ficticias", para obtener de ese modo, dólares al tipo de cambio oficial y luego a través de triangulaciones financieras, utilizar billeteras virtuales y criptomonedas".
Por otra parte se procedió al secuestro de 2 kilos de marihuana, más de 170 dosis de cocaína, $1.074.500, u$s960, 15 vehículos, 50 computadoras de alta gama, 27 televisores LED y 611 teléfonos celulares.
Asimismo se logró la detención de dos personas por infracción a la ley de drogas, mientras que otras 16 quedaron afectadas a la causa por contrabando y maniobras de importación ficticias. Los arrestados y los elementos secuestrados quedaron a disposición del juzgado interventor por infracción a la Ley 22.415.