En el marco del Día Internacional de la Mujer, miles se movilizan para señalar las fallas estructurales de un sistema que desprotege a las víctimas. La organización Madres Protectoras denuncia la violencia institucional que representan las revinculaciones forzadas con padres abusadores y un aparato judicial que prioriza el vínculo biológico sobre la integridad del menor.
Las madres no sólo luchan contra el agresor, sino contra la burocracia de los tribunales.
C.G.Este 8M, las calles de Argentina y el mundo volverán a ser el escenario de un reclamo que trasciende lo simbólico para convertirse en una cuestión de supervivencia. Entre los miles de rostros que se movilizarán, estarán los de "C" y su hija "L" (nombres preservados para proteger su integridad), madre e hija, quienes representan una de las caras más crueles de la violencia machista e intrafamiliar: el abuso sexual infantil y la posterior desprotección estatal.
En el marco de un nuevo Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres se movilizarán para denunciar la violencia institucional. El caso de C, que tras denunciar al padre de su hija por abuso enfrenta un calvario de contradenuncias y amenazas de revinculación forzada, visibiliza la urgencia de una justicia con perspectiva de género.
En un escenario marcado por el "antifeminismo de Estado" que impuso Javier Milei el día que asumió la Presidencia, cuando cerró el Ministerio de la Mujer y desarticuló programas como el Patrocinar, la Educación Sexual Integral (ESI), en el marco de la Ley Nacional N° 26.150, es una herramienta indispensable para que las infancias denuncien.
Además, el caso expone la urgencia de una Justicia que escuche y valide el relato de niños y niñas. Mientras en países como Chile avanzan, en Argentina, los proyectos de ley para proteger el tiempo de las víctimas permanecen encajonados.
"La trampa del proceso judicial es que para la ley el tiempo es un enemigo que hace prescribir las causas, mientras que para la víctima es el único aliado que permite procesar el dolor y ponerle palabras", explican los especialistas.
Si bien no existe un registro oficial unificado que diga "X cantidad de niños fueron obligados a ver a su abusador", hay datos parciales de organismos judiciales y denuncias de organizaciones civiles en Argentina y la región que permiten dimensionar la magnitud de esta "rueda sin salida".
Aunque no hay una cifra total de revinculaciones forzadas, los informes de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema marcan una tendencia clara: los números indican que en el 80% de los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes (NNyA), la persona denunciada es un progenitor. De ese porcentaje, el 67% son los padres.
En cuanto al volumen de casos, solo en el primer trimestre de 2025, casi 1.000 NNyA denunciaron violencia doméstica en CABA, un promedio de 11 por día. Entre las denuncias sobre abuso sexual, los delitos contra la integridad sexual representan aproximadamente el 11% de las causas iniciadas en jurisdicciones como la Provincia de Buenos Aires.
En las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI, se logró que la violencia de género fuera un delito, pero el sistema judicial, es decir el conjunto de tribunales, jueces y órganos autónomos encargado de interpretar y aplicar la ley para resolver disputas, sigue siendo el mismo.
La mamá de L destacó a C5N que la Justicia suele aplicar conceptos que operan como trampas legales, ignorando el riesgo real para el menor. Lo que se conoce como el "Interés Superior del Niño" está malentendido porque muchos jueces interpretan que lo mejor para un niño es tener contacto con ambos padres, pase lo que pase, incluso si es un abusador, bajo la idea de que "el vínculo biológico es sagrado".
Otro punto es el SAP (Síndrome de Alienación Parental): aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) y asociaciones de psicología descartaron su existencia, en los juzgados se sigue usando para acusar a las madres de "lavar la cabeza" a los hijos. Esto sirve como excusa para ordenar revinculaciones forzadas, alegando que el rechazo del niño es "inducido" y no producto del trauma.
En el caso del abuso de menores por sus progenitores, hay una clara disputa entre la Justicia de Familia y la Justicia Penal, porque es muy común que, mientras una causa penal sigue abierta, un juez de familia (que no mira el expediente penal) ordene visitas o regímenes de comunicación para "no vulnerar el derecho del padre".
La organización Madres Protectoras es un colectivo de mujeres de Argentina que protegen a sus hijos de abusos (sexuales, físicos o psicológicos) por parte de familiares, enfrentando un sistema judicial que casi siempre las criminaliza y separa de sus niños. Dan apoyo mutuo y visibilizan la impunidad, luchando contra la violencia institucional y la revictimización de las infancias.
El testimonio de L, quien pudo poner en palabras el abuso de su padre en una charla cotidiana en la intimidad de su casa donde la niña describió supuestos "juegos" durante las visitas al progenitor, terminó confirmándose en el aula, mientras otros se resisten a que el sistema educativo proteja a los más vulnerables.
Aunque la niña ya había sido apartada preventivamente de su abusador, su relato en la escuela se convirtió en la prueba viviente de una realidad que la Justicia, muchas veces, prefiere ignorar: los niños no mienten, pero necesitan un entorno seguro para poder hablar.
"La Justicia es un nuevo calvario para quien denuncia abuso intrafamiliar como hacen las Madres Protectoras", dijo la entrevistada a C5N. Según este esquema, no importa hacia dónde vaya la víctima, siempre se choca de frente con el mismo perfil que el del agresor: ante el juez, la Policía, el perito. Para esto es necesario una formación obligatoria en trauma y género: muchos jueces y fiscales aplican criterios de "robos o estafas" a casos de abuso sexual infantil (ASI).
Cuando las instituciones que deberían proteger a las personas están construidas sobre las mismas lógicas que las violentan, la sensación no es de "justicia", sino un laberinto diseñado para que siempre vuelvan al mismo punto de partida.
Para la antropóloga y activista feminista Rita Segato, la perspectiva de género en la Justicia no debe ser un simple formalismo, sino una herramienta crítica para desmantelar la estructura patriarcal y el "mandato de masculinidad" que naturaliza la violencia de género. Esta línea de pensamiento implica reconocer que la violencia no es solo un acto individual, sino un crimen de poder y dominación.
Este 8M, miles de mujeres como C y L exigirán una Ley de Derecho al Tiempo, el cese de revinculaciones forzadas, y presupuesto para Justicia gratuita y especializada ente el abuso. Que el silencio de las infancias se entienda como trauma y no como falta de verdad. Que no se revictimice con la Cámara Gesell, que debe ser una herramienta de cuidado, no una "trampa" procesal para cerrar expedientes y la imposición de contacto con el victimario.
Litigar sin abogados que entiendan la especificidad de la violencia de género y el abuso infantil puede terminar en una defensa deficiente y un mayor daño al menor. Además, la injusticia económica de las mujeres y madres que afrontan la crianza en soledad, o que dependen de una cuota alimentaria paupérrima que no se paga, exige una patrocinio gratuito.
El acompañamiento emocional es vital para sostener el proceso judicial, que suele ser largo y desgastante. Hay que buscar una red de apoyo, hablar con alguien de confianza o una organización especializada. Dentro de lo posible no ir sola a hace la denuncia en la comisaría. Guardar capturas de pantalla, audios, fotos de lesiones (si las hay) o un diario con fechas y relatos. Aunque no parezcan "pruebas legales" inmediatas, sirven para reconstruir los hechos ante los profesionales. Otro recurso es solicitar medidas de protección: explícitamente el botón antipánico, la restricción perimetral o la exclusión del hogar si se convive con el agresor. Son derechos inmediatos. Hay que pedir una copia de la denuncia, sin excepción. Es tu documento para cualquier trámite posterior y para que el abogado pueda trabajar.
Línea 144: brinda atención gratuita, las 24 horas, en todo el país. Es anónima y fundamental para asesorarse antes de dar cualquier paso legal o para conocer los recursos locales disponibles.
Línea 137: se trata de una línea específica para víctimas de violencia familiar y sexual, en CABA y algunas jurisdicciones.
911: llamar en caso de riesgo inminente. En caso de peligro de vida, hay que salir del lugar de inmediato.
Este 8M el colectivo Ni Una Menos convocó a una "mateada" para el domingo a las 15, en el Parque Centenario, en el barrio porteño de Caballito. "Hacemos la previa de la movilización 9M", anunciaron en sus redes sociales. Es la previa para el acto central que será el 9M para marchar desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, entre las 15 y las 18:30. Ante un escenario de precarización laboral y desempleo, la mayoría de las mujeres trabajadoras no pueden poner en juego sus puestos, que son el sostén de la familia, si es que ya no perdieron su trabajo.
Ante el desamparo estatal y la crisis que golpea cada vez con más fuerza, las mujeres quedan en una vulnerabilidad extrema. Es prioritario recuperar la fuerza colectiva de redes para denunciar que una justicia que no ayuda, es cómplice de los asesinos. Hay que impedir que el aislamiento sea el aliado de los victimarios. Hoy, más que nunca, la organización es el único refugio posible: porque solas no podemos, y el silencio sólo beneficia a los violentos.
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