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Abuelas de Plaza de Mayo pidió presentarse como "amicus curiae" en la causa por torturas en Malvinas

La organización de Derechos Humanos propuso dar su opinión en las audiencias públicas "dada la experiencia recolectada a lo largo del proceso de juzgamiento de los crímenes de la dictadura". 

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  • Las Abuelas de Plaza de Mayo solicitaron a la Corte Suprema de Justicia la "convocatoria a audiencias públicas" en la causa sobre las torturas a excombatientes de Malvinas y pidieron ser consideradas "amicus curiae" o amigo del tribunal en el proceso judicial.

    La organización de Derechos Humanos comunicó en su cuenta oficial de Twitter que presentaron "un pedido a la Corte Suprema de Justicia para requerir la convocatoria a audiencias públicas en la causa que investiga las torturas que sufrieron los excombatientes".

    Mediante un comunicado, las Abuelas explicaron que en el expediente "hay 95 militares denunciados que han eludido la acción jurisdiccional" y puntualizaron que el proceso judicial que investiga las torturas a los exconscriptos "detenta un importante valor en términos del derecho a la Verdad, tanto para las víctimas como para el pueblo argentino".

    Con relación a la solicitud de presentarse como "Amicus Curiae" frente a ese tribunal remarcaron que lo hicieron para poder expresar su opinión "dada la experiencia recolectada a lo largo del proceso de juzgamiento de los crímenes de la dictadura".

    Además, desde la organización puntualizaron que "siendo Abuelas una asociación compuesta por víctimas y familiares creemos ser idóneos para aportar lineamientos que echen luz sobre determinados aspectos del caso judicial".

    El caso de torturas de exmilitares argentinos a soldados en Malvinas

    El caso por las denuncias de torturas cometidas por exmilitares argentinos contra soldados de su propia tropa durante la Guerra de Malvinas tramita desde el 2007 en el juzgado federal de la ciudad de Río Grande.

    La actuación ante la justicia está pendiente de un fallo de la Corte Suprema, por pedido de la jueza Mariel Borruto, para que el máximo tribunal determine si los hechos investigados constituyen o no delitos de lesa humanidad, condición esta que les otorga imprescriptibilidad.

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