El juicio en la causa Vialidad por supuestos delitos en la obra pública en Santa Cruz terminó esta semana con reclamos de absolución para dos de los 13 acusados. Se trata del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido y el exsubsecretario de Obra Pública, Abel Fatala.
Vialidad: pidieron la absolución de Fatala y la semana próxima comienza el alegato de la defensa de Cristina Kirchner
El abogado de exsubsecretario de Obra Pública pidió que el tribunal absuelva a su cliente porque se lo imputa por "omisión" en su cargo. Se espera la palabra de la defensa de la vicepresidenta el 23 de septiembre.
El proceso judicial se reanudará el lunes próximo con el alegato de la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, cuyos abogados expondrán Carlos Beraldi y Ary Llernovoy expondrán su alegato final los próximos lunes y martes ante el Tribunal Federal Oral 2 y en la tercera audiencia destinada a su defensa, el viernes 23, día en que la vicepresidenta hará uso de la palabra a través de la plataforma virtual Zoom.
La defensa del exsubsecretario de Obras Públicas del entonces gobierno de Cristina, Abel Fatala, reclamó su absolución y cuestionó a la fiscalía del juicio por la causa Vialidad por omitir realizar una "descripción precisa" de los hechos en base a los cuales pidió una condena a 4 años de prisión. Además, remarcó que su cliente no era, como dijo la fiscalía, un "hombre de confianza" del fallecido expresidente Néstor Kirchner.
Al mismo tiempo sostuvo que "no se está juzgando un hecho cometido de manera activa, sino que se le imputa una omisión, no haber cumplido con sus funciones".
En cuanto al juicio, el lunes y martes pasado, la defensa del exministro de Planificación Federal Julio De Vido reclamó su absolución, cuestionó la acusación de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola y argumentó que un Gobierno elegido por el voto popular no puede ser considerado una "asociación ilícita", como postuló la acusación.
En base al cronograma elaborado por el TOF2, el lunes próximo se iniciará el alegato de la defensa de la vicepresidenta, a quien la fiscalía pidió condenar a 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, por supuesta asociación ilícita y administración fraudulenta.
Para el próximo viernes, la expresidenta resolvió hacer uso de la palabra en esta etapa en su calidad de abogada y en ejercicio de su derecho a defensa ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
El pedido de condena de los fiscales desencadenó los días siguientes manifestaciones de apoyo a la Vicepresidenta en los alrededores de su departamento del barrio porteño de Recoleta, hasta que el 1 de septiembre en medio de una de esas concentraciones Fernando Sabag Montiel intentó asesinarla gatillando un arma a la altura de su rostro.
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