La CTA autónoma repudió la resolución del fiscal Diego Luciani, quien solicitó una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos para la vicepresidenta Cristina Kirchner, en el marco de la causa Vialidad.
"Se trata de un hecho sin precedentes y de una inusitada gravedad institucional que no es otra cosa que el último capítulo de la guerra jurídica en la Argentina", aseguró la Central de Trabajadores de la Argentina a través de un comunicado de prensa.
El movimiento obrero apuntó contra el accionar judicial: "Ya pocos dudan de que se esconde, detrás de la parodia judicial, una disputa política. La farsa está clara: es notorio la falta de pruebas para sostener la acusación; es forzada e insostenible la manera de vincular a la vicepresidenta con hechos que no la tuvieron ni siquiera como protagonista secundaria".
"Lo real es intentar por vía de esta puesta en escena judicial una proscripción política que retrotrae a la Argentina a épocas que creíamos superadas como ocurrió durante la autodenominada Revolución Libertadora y las consecuentes exclusiones durante décadas de un vasto sector político", aseguró la CTA autónoma en el escrito firmado por Hugo "Cachorro" Godoy, secretario general adjunto.
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