Tras no ser incluido en sesiones extraordinarias, cuál es el camino del megadecreto de Milei

El Gobierno primer deslizó que la aplicabilidad del DNU tenía efecto inmediato, pero a raíz de las observaciones críticas admitió que comenzará a regir este viernes 29 de diciembre.

La comisión bicameral de Trámite Legislativo tendrá la tarea de pronunciarse sobre la validez o invalidez del DNU, pero La Libertad Avanza, que ejercerá la presidencia del cuerpo, no tiene ningún apremio y buscará ganar tiempo.

El presidente de la comisión, que será el senador riojano de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto, es quien maneja los tiempos, lo cual constituye una ventaja inestimable para estos designios.

La comisión tendrá 16 integrantes, ocho senadores y ocho diputados nacionales, y la representación para cada una de las fuerzas políticas se define en función del sistema de proporcionalidad D´Hont.

Para avalar la validez del dictamen se necesitan ocho de los 16 votos. De todos modos, el sentido del dictamen de mayoría es anecdótico, ya que lo verdaderamente definitorio para saber si el decreto queda en pie o muere en el camino es el veredicto de los votos en el recinto de cada una de las dos cámaras.

Con que una sola de las dos lo avale, es suficiente para que el DNU conserve su vigencia. Para que quede sin efecto, en cambio, se precisa el rechazo de ambas cámaras.

Los ocho lugares para representantes del Senado estarán distribuidos de la siguiente forma: tres para Unión por la Patria, uno para LLA, uno para la UCR, uno para el PRO, uno para fuerzas provinciales, y uno para Cambio Federal.

En Diputados, en tanto, Unión por la Patria reclama cuatro de los ocho lugares, aunque el oficialismo estaría dispuesto a concederle tres lugares de acuerdo al criterio de proporcionalidad.

De esta manera, quedarían tres o cuatro lugares para Unión por la Patria, uno o dos para LLA, uno para el PRO, uno para la UCR y uno para Cambio Federal.

Con esta distribución, a priori se articularía una mayoría en contra del decreto. Pero todo podría cambiar si el radicalismo reconsiderara la postura que explicitó en el comunicado de rechazo al hecho de que los centenares de reformas se dictaran por DNU y no a través de proyectos de ley a debatirse en el Congreso.