Los magistrados vuelve a asumir un rol protagónico mientras ingresamos a un escenario repetido: la judicialización de la política argentina. Oficialistas y opositores, a la expectativa.
Desde Comodoro Py saldrían algunos de los fallos que más inquietan a la política.
El llamado a indagatoria al expresidente Alberto Fernández en la causa de los seguros fue la confirmación de algo que ya comenzaba a percibirse: el Poder Judicial vuelve asumir un papel protagónico en la política argentina. Todos lo miran. Todos los espacios políticos tienen depositada allí alguna expectativa. Hay en el tablero infinidad de indicios que permiten aseverar que vienen más noticias desde los tribunales.
Toda una novedad fue lo que ocurrió en el Partido Justicialista. Contra los manuales de su propio discurso político, el PJ precisó de la intervención del Poder Judicial para dirimir su interna. En términos futboleros: una definición de escritorio. Con un fallo firmado el jueves 31 de octubre a las 22.39, la jueza federal con competencia electoral, María Servini, confirmó lo resuelto por la Junta Electoral del PJ que determinó que la lista del riojano Ricardo Quintela no cumplía con lo requisitos necesarios para competir con la de la dos veces presidenta Cristina Kirchner.
La decisión de la lista de Quintela de presentarse ante la jueza Servini, en actitud propia de un jugador de fútbol que busca que un árbitro revierta una situación que considera injusta, bastaría para sostener la hipótesis de esta nota. Pero hay más: oficialistas y opositores esperan y saben que vendrán mas fallos (no precisamente arbitrales) que sacudirán el tablero.
La citación a indagatoria a Alberto Fernández para el 20 de noviembre fue tan solo la primera. Lo convocó el juez Julián Ercolini en el marco de la causa en la que se investiga si se interesó de modo indebido en la contratación de seguros para distintas reparticiones del Estado. La sospecha, que él rechaza ante quien quiera preguntarle, es que favoreció al productor de seguros Héctor Martínez Sosa, esposo de María Cantero, su histórica secretaria.
Justamente en el celular de Cantero aparecieron indicios que se utilizaron en esa causa (los regalos que la hacía a la entonces primera dama Fabiola Yáñez) pero también los elementos que devinieron en la apertura de otro expediente: las fotos en las que se basa el caso en el que se investiga si Fernández violentó física y/o psicológicamente a quien fuera la primera dama mientras ambos convivían en la quinta de Olivos. Todo indica que por esos hechos el exmandatario será citado a indagatoria en los próximos días. La decisión la está macerando el fiscal Ramiro González.
Las miradas del peronismo (y del periodismo y la opinión pública en general) se posarán este mes en los tribunales federales de Comodoro Py por un hecho ya anunciado: el 13 de noviembre la Cámara Federal de Casación Penal dará a conocer su decisión respecto de la revisión del fallo que condenó a CFK a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos. Su defensa reclama que la absuelvan. La fiscalía, que le agraven la condena. Aunque la moneda está en el aire, fuentes de la Casación hicieron trascender que la condena será confirmada. Solo quedará por delante la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
El oficialismo también sigue con atención lo que ocurre en los tribunales federales. No solo en los de Comodoro Py, también en el fuero Contencioso Administrativo, conocido como el fuero de la gobernabilidad, donde se judicializan los actos de gobierno cuando son cuestionados.
“Nosotros no tenemos injerencia en el Poder Judicial”, repiten desde el oficialismo. Esa expresión es acompañada por algunos jueces y fiscales que dicen dar fe de ello. Otros, sin embargo, invocan con picardía sobre la cantidad de reuniones y visitas oficiales del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona a Comodoro Py con motivos diversos como visitas de protocolo a la Cámara de Casación y a la Cámara Federal o reuniones por el nuevo Código Penal.
Una decisión de esta semana activó las alarmas del Gobierno. El caso es menor, pero exhibe un cambio. El juez de la Cámara Federal Eduardo Farah anuló el fallo en el que se había dispuesto el sobreseimiento de Javier Milei en el marco de la denuncia que le hizo el periodista y empresario de Editorial Perfil Jorge Fontevecchia por acusarlo de ser un “ensobrado” y un “prebendario”. Un primer límite. No todo vale.
El Presidente deberá ser investigado por sus expresiones. “Los funcionarios públicos también tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento, tales como periodistas y medios de comunicación”, sostuvo el juez, que invocó jurisprudencia internacional.
Otras límites aparecieron esta semana en relación a decisiones tomadas por la ministro estrella del gobierno, Sandra Pettovello: la Cámara Federal de apelaciones de Corrientes ordenó a Capital Humano reintegrar al plan Potenciar Trabajo a 500 beneficiarios que habían sido dados de baja tras una denuncia floja de papeles (se los acusaba de tener empleo público) de las que solía presentar la experonista convertida al mileismo Leila Gianni (eyectada ya de su cargo en el ministerio) para justificar el paso de la motosierra por esas latitudes.
Lo mismo le ocurrió a Capital Humano en relación a la decisión de discontinuar la entrega de alimentos a comedores que había sido acompañada por una denuncia penal sobre la supuesta existencia de comedores fantasma. El juez del fuero Contenciso Administrativo Walter Lara Correa condenó al Estado a retomar la entrega de alimentos a los comedores que estuvieren funcionando de modo correcto. El Gobierno puede auditar, depurar, lo que considere necesario, pero no abandonar sus obligaciones.
La sumatoria de resoluciones judiciales contra decisiones tomadas en el ministerio de Pettovello, robustecen las sospechas de que la ministra podría también tener dolores de cabeza en el corto o mediano plazo: en Comodoro Py tramita la causa penal en la que, oportunamente, se dictó la medida cautelar que le ordenó a la ministra repartir los alimentos comprados por el Estado en el gobierno pasado y arrumbados por la actual gestión en dos galpones. La ministra está imputada en esa causa. Se analiza si incumplió sus funciones, entre otros posibles delitos. El caso lo lleva la fiscal Paloma Ochoa y el juez Sebastián Casanello. Por estos días lo tiene bajo estudio el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.
Si se volviera a recurrir a una metáfora futbolera podría decirse que está caminando por la cornisa (de un eventual llamado a indagatoria), por acumulación de tarjetas amarillas.
Al miso tiempo, el Ejecutivo monitorea silenciosamente el devenir de otro expediente: el que tiene bajo la lupa al presidente del Banco Central Santiago Bausili, amigo y socio del ministro de Economía, Luis Caputo. Procesado dos veces por el juez Casanello y beneficiado dos veces por la Cámara Federal porteña que le dictó falta de mérito, el caso se encuentra estos días bajo análisis de la Cámara Federal de Casación Penal.
¿Por qué se lo investiga? Porque en los años 2016, 2017 y 2018 percibió un bono del Deutsche Bank mientras se desempeñaba como funcionario público. Eran remuneraciones diferidas del banco internacional en el que trabajó hasta poco antes de ingresar al gobierno de Mauricio Macri. Luego, ya como funcionario público se involucró en los procedimientos para designar a los bancos que intervinieron (y percibieron comisiones) en la colocación de los títulos de deuda pública emitidos por el Estado argentino. Entre ellos estuvo el Deutsche Bank. ¿Hubo allí ninguna incompatibilidad? El árbitro deberá ir a ver el VAR. Se aproxima una definición de la Casación.
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