Se agrava la crisis en la obra social de las Fuerzas Armadas: renunció el administrador y trabajadores ocuparon la sede

El conflicto en la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) escaló durante las últimas horas, con la salida del liquidador Ariel Guzmán de la exIOSFA y la ocupación de la sede del Instituto por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en medio de denuncias de vaciamiento y una deuda que asciende a los $214.000 millones.

La ocupación de ATE encabezada por su secretario general, Rodolfo Aguiar, tuvo lugar en el marco de una protesta contra el proceso de reestructuración de la entidad. La organización sindical denuncia que están en riesgo cerca de 600 puestos de trabajo y cuestiona el posible cierre o traspaso de hoteles, recreos, residencias y farmacias propias.

La medida ocurre luego de que el Gobierno disolviera el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y creara la OSFA mediante el DNU 88/2026. Según ATE, a fin de septiembre podrían finalizar los contratos de unos 400 trabajadores, mientras que el personal de planta permanente quedaría sujeto a un proceso de disponibilidad. El gremio también sostiene que la reestructuración pone en riesgo la continuidad de 13 hoteles, recreos y residencias vinculados a la obra social.

Mientras tanto, el ministro de Defensa, Carlos Presti, le pidió la renuncia al coronel mayor retirado Ariel Guzmán, quien estaba a cargo de la administración y liquidación del ex Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), en medio de un proceso de cierre atravesado por problemas financieros, administrativos y patrimoniales.

El principal frente sigue siendo el pasivo. Según el estado de situación a julio, la deuda consolidada alcanza los $213.902 millones, de los cuales $139.057 millones corresponden a obligaciones vinculadas con Gendarmería y Prefectura. El rojo incluye compromisos con laboratorios, droguerías, prestadores médicos y proveedores de medicamentos, mientras la comisión interministerial todavía no logró definir quién absorberá las obligaciones generadas por las fuerzas de seguridad.

Además, el organismo enfrenta reclamos judiciales, mientras el proceso de liquidación tiene como fecha prevista de cierre definitivo el 5 de febrero de 2027.