Reforma: suspenden el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires

El jueztitular del Juzgado Nacional del Trabajo N°30, Herman Mendel, dispuso la suspensión provisoria del acuerdo que prevé el traspaso del fuero laboral de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires. La medida responde a un planteo presentado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, que cuestiona la validez del convenio.

En su resolución, el magistrado ordenó frenar todos los efectos del acuerdo de transferencia, incluido en la Ley 27.802, hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. De esta manera, quedan momentáneamente interrumpidas las gestiones impulsadas por el Gobierno nacional y la administración porteña para concretar el cambio de jurisdicción.

La demanda sindical apunta contra el Estado nacional y solicita la nulidad e inconstitucionalidad de las normas que habilitan el traspaso. Entre otros argumentos, el gremio sostiene que se vulneran los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales. También cuestiona el proceso legislativo, al señalar que las leyes fueron aprobadas en sesiones extraordinarias sin la convocatoria correspondiente.

Otro de los ejes del reclamo es el impacto laboral de la reforma. Según el sindicato, unas 1.600 personas que integran la Justicia Nacional del Trabajo podrían ver afectada su estabilidad. En particular, advierten que la normativa prevé la disolución progresiva de juzgados y una sala en un plazo de 180 días, una vez formalizado el traspaso.

El acuerdo, firmado entre las gestiones de Javier Milei y Jorge Macri, establece un esquema de transición: las nuevas causas pasarían a la órbita porteña, mientras que los tribunales nacionales continuarían con los expedientes ya iniciados. Además, fija criterios administrativos y presupuestarios para sostener el servicio de justicia y delimita las competencias que permanecerán en el ámbito federal, como los conflictos colectivos.

Con la decisión judicial, el proceso de traspaso queda, por ahora, en suspenso a la espera de una definición de fondo sobre la constitucionalidad del esquema.