Empezaron a correr los 30 días que dispone la reglamentación de la reforma laboral para que la Secretaría de Trabajo convoque a sindicatos y cámaras empresariales en el marco de la revisión de Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) vencidos. Algunos ya encararon la actualización y desde el Gobierno anticiparon que será "un proceso paulatino".
Reforma laboral: el Gobierno convocará a sindicatos y empresas para revisar convenios colectivos vencidos
De acuerdo a la reglamentación de la ley, la Secretaría de Trabajo tiene 30 días para comenzar con el proceso de convocatoria para la actualización de Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) que perdieron vigencia.
"Tenemos 30 días para iniciarlo, de convocar a gremios y cámaras o empresas para que renegocien los convenios caídos. Algo que de todas maneras ya les hemos ido diciendo en las reuniones por paritarias. Algunos gremios ya lo han iniciado", desestimaron desde la Casa Rosada a Ámbito.
La reglamentación establece mecanismos para revisar acuerdos que no fueron actualizados integralmente y adecuarlos a nuevas condiciones productivas, tecnológicas y laborales. Hay 150 convenios colectivos considerados vencidos, pero el Ejecutivo no parece estar preparando una ofensiva contra los sindicatos.
La norma define como vencidos a aquellos CCT que no tengan una fecha expresa de finalización, un punto que alcanza a numerosos acuerdos que se mantienen vigentes desde hace años por ultraactividad.
Cuál será el rol del Estado en la actualización de los CCT
El objetivo no es imponer cambios desde el Gobierno, sino generar un marco para que empleadores y sindicatos renegocien condiciones que, en algunos casos, fueron diseñadas para realidades económicas y productivas muy distintas a las actuales. La apuesta oficial es que las partes alcancen acuerdos sectoriales que luego puedan ser homologados por la autoridad laboral, encabezada por el ex abogado de Techint Julio Cordero.
Desde la CGT y distintos sectores gremiales ya cuestionaron aspectos centrales de la reforma laboral y advirtieron sobre posibles afectaciones a derechos adquiridos. Incluso antes de su implementación plena, la normativa motivó reclamos ante organismos internacionales y presentaciones judiciales.
"No es facultad de ningún gobierno limitar la autonomía sindical ni sustituir el debate democrático", sentenciaron desde la central obrera cuando se reglamentó la reforma laboral y definieron: "Defender la organización de los trabajadores es defender la democracia".
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