Reforma a la Ley de Glaciares: primera audiencia con fuerte rechazo y cuestionamientos al proceso

La convocatoria ya venía objetada: pocas horas antes del inicio, la oposición presentó una impugnación formal ante Martín Menem solicitando la invalidez del proceso y una nueva instancia "que garantice una participación real". El trasfondo del reclamo fue el fuerte recorte en la cantidad de oradores: más de 100 mil inscriptos, pero apenas 196 pudieron exponer de manera presencial en esta primera jornada (la segunda será virtual).

Esa desproporción atravesó toda la audiencia. De hecho, uno de los cuestionamientos más repetidos fue que apenas el 0,4% de los anotados tuvo la posibilidad de hablar. A eso se sumó la reducción del tiempo de exposición: de los 5 minutos anunciados originalmente, se pasó a 4 por decisión comunicada al inicio por el diputado oficialista José Peluc.

En ese marco, la gran mayoría de los expositores rechazó el proyecto de reforma. Solo tres intervenciones se manifestaron a favor. El resto coincidió en un diagnóstico común: calificaron la audiencia como un "simulacro" y advirtieron que no cumple con la legislación vigente, incluyendo la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT, que establece el derecho a la consulta previa de pueblos indígenas.

Las críticas no se limitaron al número de oradores. También apuntaron a la modalidad: la exigencia de presencialidad en el Congreso —con traslados de miles de kilómetros— y una instancia virtual que, según señalaron, excluye a sectores sin acceso a conectividad. La alternativa de enviar escritos o videos fue considerada insuficiente: "No garantiza que todas las voces sean escuchadas", repitieron distintos participantes, que además dejaron constancia de que su intervención "no convalida la legalidad" del proceso.

Entre las voces más contundentes estuvo la exdiputada y autora de la ley original, Marta Maffei, quien habló de "una profunda ilegitimidad" y una "farsa" de audiencia. Advirtió que el proyecto aprobado en el Senado "deroga aspectos clave" bajo el argumento de modernización y cuestionó que la enorme mayoría de los inscriptos haya quedado afuera. Sobre el final, apeló a una advertencia más amplia: "El agua de los glaciares no se toca".

También participaron exlegisladores como María José Lubertino, Leonardo Grosso y Fernanda Reyes, quienes remarcaron —no sin ironía— el "privilegio" de haber podido tomar la palabra frente a miles que no lograron hacerlo. Reyes recordó los recorridos territoriales previos a la sanción de la ley original, en contraste con el actual esquema de debate.

En la misma línea crítica se expresó el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien alertó sobre presiones internacionales y planteó la necesidad de equilibrar desarrollo y cuidado ambiental.

La escena más gráfica de la jornada la protagonizó la ministra bonaerense Daniela Vilar. Con una pila de hojas que representaban a los inscriptos, las apoyó sobre la mesa de autoridades y cuestionó al oficialismo por dejar afuera a la mayoría. "En cada hoja hay 60 nombres, y si cada persona enviara una hoja de argumentos van a tener 60 pilones como ese para ver si se leen, pero evidentemente no los van a leer", ironizó la funcionaria.

Del lado oficialista y de gobiernos provinciales, las intervenciones buscaron introducir matices. La secretaria de Ambiente de La Pampa, Vanina Basso, recordó la "memoria hídrica dolorosa" de su provincia al mencionar el conflicto por el río Atuel, como ejemplo de las consecuencias de decisiones unilaterales.

Desde San Juan, el ministro de Producción Gustavo Emilio Fernández defendió la reforma y rechazó lo que consideró una "falsa dicotomía" entre minería y ambiente, en una exposición que fue recibida con abucheos. En la misma línea, el secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Roberto Moreno, buscó aclarar que los glaciares "no están en discusión" y que su protección es indiscutible, aunque abrió el debate sobre otras formaciones del ambiente periglaciar.

A lo largo de la jornada, organizaciones ambientales, sociales, abogados, funcionarios y ciudadanos expusieron con un denominador común: el rechazo al procedimiento. La crítica más reiterada fue que se trató de una instancia apresurada, con plazos irrisorios y mecanismos que restringen la participación en lugar de ampliarla.

Con ese telón de fondo, la audiencia dejó planteado un escenario de alta conflictividad política y judicial. Varios expositores anticiparon posibles acciones legales y advirtieron sobre la violación de principios constitucionales, como el derecho a un ambiente sano y el principio de no regresión.

La segunda jornada continuará este jueves bajo modalidad virtual y en medio del mismo clima de cuestionamientos. Desde las 17 está prevista además una movilización en las inmediaciones del Congreso, convocada por varios de los expositores que participaron de la audiencia.

En paralelo, el oficialismo proyecta —aún sin fechas confirmadas— avanzar con una reunión informativa con funcionarios, otra instancia para emitir dictamen y recién entonces llevar el proyecto al recinto. Con una semana legislativa corta por delante, los tiempos se estiran y el debate por la reforma de la Ley de Glaciares asoma como uno de los primeros focos de conflicto político de abril.