El periodista Mauro Federico reveló en Argenzuela quiénes son los abogados, jueces y juristas que trabajan junto a diputados de La Libertad Avanza en un proyecto de ley para liberar a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico-militar.
Según reveló el periodista, legisladores y juristas realizaron tres reuniones hasta la fecha, dos presenciales y una virtual, para avanzar en la iniciativa que quieren hacer efectiva en las próximas semanas.
Los legisladores libertarios son asesorados por un grupo de abogados y exjueces que tuvieron vínculos con la dictadura o defendieron genocidas en los juicios por la memoria, la verdad y la justicia. Estos son:
Enrique Munilla Lacasa: abogado recibido en la universidad de El Salvador. Pariente de Héctor Munilla, quien fue subsecretario de Justicia e implicado en el caso Jacobo Timerman, secuestrado en1977. A partir de 1976 estuvo en diferentes tribunales penales en el país. Durante la dictadura fue nombrado como asesor del ministerio de gobierno de la provincia de Buenos Aires. A la vez fue secretario de Prensa y Difusión en la provincia de Buenos Aires.
Jaime Lamont Smart: entre el 1 octubre y el 1 de agosto del 1979 tuvo cargos de subsecretaria en la provincia de Buenos Aires. Fue integrante de la asesoría jurídica de Servicios Eléctricos y fue contratado como abogado externo del Banco Central. Cuando terminó la dictadura militar se desempeñó como abogado de distintas empresas de seguros, el Banco General de Negocios y Edenor. Fue defensor de Leopoldo Fortunato Galtieri. Due condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad junto a Miguel Etchecolatz.
Edgardo Frola: en 1972 trabajó con Smart en la vocalía 7 antes de que fuera ministro de gobierno de la dictadura militar. En 1973 fundó su propio estudio de abogados en la localidad de Tigre y lo mantuvo hasta su jubilación en el año 2017. Desde 1976 al 1982 se desempeñó como subsecretario de Asuntos Institucionales de la provincia durante la gobernación de facto de Ibérico Saint-Jean. En 1982 el general Ramón Camps le agradece en el prologo de su libro "Caso Timerman: Punto Final" por su colaboración.
Eduardo Rafael Riggi: se recibió de abogado en la Universidad Católica Argentina. Ingresó en el 1971 como secretario privado del poder judicial y empezó en la Cámara Federal Penal creada por Agustin Lanusse. Fue cesanteado por el gobierno de Héctor Cámpora. Jorge Rafael Videla lo nombró en el Juzgado Nacional de primera instancia en lo Penal económico. A partir de allí asume como juez en la Cámara Judicial en lo Penal Económico y llegó a ejercer la presidencia de esa cámara. Con el menemismo fue juez de la Cámara de Casación y fue vicepresidente y presidente de la Cámara de Casación. En 2007 fue denunciado por 61 querellantes víctimas de la represión en el consejo de la magistratura por la demora deliberada en la instrucción de las causas por delitos de lesa humanidad.
María Laura Olea: es abogada por la facultad de derechos de la Universidad de Buenos Aires. Hija de Enrique Braulio Olea, exjefe de Batallón de Ingenieros donde funcionó el centro clandestino de detención La Escuelita en Neuquén y que hoy cumple prisión perpetua. Es miembro de la asociación de abogados Justicia y Concordia, integrado por hijos de represores, defensores de exmilitares. Es integrante y vocera del grupo "Hijos y nietos de presos políticos". En el 2006 ingresó como secretaria en la Cámara de Casación donde fue nombrada prosecretaria y mano derecha de Eduardo Riggi. Representó a represores como Walter Grosse. Fue abogada del represor Martín Sánchez Zinny.
Ricardo Saint Jean: abogado recibido en la facultad de derecho de la Universidad de Buenos Aires. Hijo de Ibérico Saint Jean, exgobernador de la provincia de Buenos Aires de facto de la dictadura entre el 1976 y el 1981 que murió siendo juzgado por delitos de lesa humanidad. Es integrante de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y uno de los fundadores de la "Asociación de hijos y nietos de presos políticos".
Agustina Díaz Cordero: egresada de la Universidad Católica. Jueza del Juzgado Nacional en lo Civil e integrante del Consejo de la Magistratura. Trabajo en el ministerio de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri. Es hija de la excamarista, María Lilia Gómez Alonso quien presidía la sala B de la Cámara Comercial. Estuvo a cargo de la Causa Correo.