Qué dice la Constitución sobre el plan de privatizaciones de Javier Milei

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez analizó las medidas anunciadas por el presidente electo según los mecanismos previstos por la ley suprema.

"La gente tiene que saber fundamentalmente que en una anatomía del poder el Congreso es el corazón que en vez de bombear sangre bombea leyes. Casi la totalidad de las propuestas que el presidente electo ha hecho en la campaña y que ahora está reafirmando necesitan pasar por el Congreso, no están a tiro de un decreto", explicó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez en diálogo con Luciana Rubinska en Turno Mañana.

"Las reformas tienen que ser aprobadas por el Congreso. Así como uno debe respetar una mayoría electoral que decide elegir a un presidente como Milei, él va a tener que respetar el funcionamiento del Congreso, en donde, para la gran mayoría de los temas que está proponiendo, va a necesitar consensos", profundizó.

Las medidas de Javier Milei que deberían pasar por el Congreso

Según explicó Gil Domínguez, "la privatización de YPF tiene que pasar por el Congreso. Además, ahí hay un tema adicional: del 51% que tiene el Estado, que sería lo que se puede privatizar, hay un 51% del Estado nacional y un 49% de las provincias, por lo cual hoy el Estado nacional solo está en condiciones de privatizar su parte, no la totalidad del paquete accionario".

El caso de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) es similar. "Todo tipo de privatización, el traspaso de la titularidad de un activo del Estado a un privado de forma definitiva, tiene que ser ratificado por una ley aprobada por una mayoría simple", subrayó el letrado.

El abogado recordó que "todavía está vigente en nuestro país la Ley de Reforma del Estado sancionada en 1989 que dio lugar a la ola de las privatizaciones durante el menemismo. Esa ley establece que primero el Congreso debe sancionar una ley que establezca que un activo del Estado debe ser privatizado, el Poder Ejecutivo lo debe solicitar a través de un decreto, el Congreso lo debe aprobar y después el Ejecutivo lo implementa bajo diferentes condiciones y modalidades que están establecidas en la ley ya sea a través de licitación, concurso de precios".

"La reforma constitucional habilitó otro instituto que es la delegación legislativa. El Congreso establece mediante una ley las bases de la delegación, el plazo para hacerlo, el Ejecutivo lo concreta a través de un decreto delegado y después el Congreso controla. Quizás frente a esta situación, el mejor procedimiento para una privatización sería este, porque evita darle un cheque en blanco al Ejecutivo para que la haga como quiera", explicó.

Milei con C5N
El presidente electo Javier Milei planteó la derogación de la Ley de Alquileres.

El presidente electo Javier Milei planteó la derogación de la Ley de Alquileres.

En cuanto a los subsidios, "en la medida en que estén definidos por Ley de Presupuesto, necesitan de una nueva ley para ser cesados. Lo único para lo que tiene facultades propias el Poder Ejecutivo es en lo que hace a decisiones que se limiten a la administración pública, por ejemplo a quienes están contratados y no pertenecen a planta permanente, tomar decisiones de cese de la contratación. Todo lo demás tiene que pasar por el Congreso, porque el Ejecutivo justamente lo que hace es ejecutar políticas que resuelve el Congreso".

Los despidos de trabajadores estatales por decisión del Ejecutivo solo serían posibles para los contratados. "Mientras no sean personas que estén en planta bajo el régimen de empleo público, en cuyo caso la única forma de hacerlos cesar es a través de un sumario administrativo, sí podría hacer cesar a los que no estén en planta permanente a través de un decreto", señaló Gil Domínguez.

"Si se cierra una dependencia y se la pone en situación de liquidación, si es una sociedad del Estado, esto tiene que ser dispuesto por una ley del Congreso. Si es un trabajador de planta debe ser distribuido hacia otros sectores de la administración pública. Si es un trabajador contratado, cesa su contratación. Esas son las alternativas ante la liquidación de empresas del Estado como Télam o la Televisión Pública", manifestó.

Consultado sobre la derogación de la Ley de Alquileres planteada por Milei, el constitucionalista indicó que "cuando hay una ley vigente, la podés modificar o derogar. Si se quiere volver al régimen anterior de alquileres hay que explicitarlo en esa derogación. Si no, la consecuencia es que no hay ningún régimen, que quedaría ligada al mercado la relación entre propietario e inquilino, cosa que casi no existe a nivel mundial".

"Él habló de derogar, que no exista ningún régimen. Primero tiene que pasar por el Congreso. Segundo, es totalmente inviable que el Congreso, con la actual composición, pueda sancionar una ley que implique que no exista ningún régimen para regular las relaciones entre propietarios e inquilinos", sostuvo.

Javier Milei con Fantino
Javier Milei ratificó varias de sus promesas de campaña, especialmente las privatizaciones de empresas públicas.

Javier Milei ratificó varias de sus promesas de campaña, especialmente las privatizaciones de empresas públicas.

Respecto a los decretos de necesidad y urgencia (DNU), "son una facultad excepcional que tiene el Poder Ejecutivo para ser dictados cuando existan situaciones de objetiva emergencia y urgencia como la pandemia, que no puede abarcar ciertas materias (tributario, penal, régimen de partidos políticos y electoral) y que no es para gobernar y sustituir permanentemente al Congreso". "Por decretos tampoco, porque se refieren exclusivamente a la administración pública", amplió.

La dolarización también encuentra impedimentos en la Ley Fundamental. "No puede ni siquiera por ley del Congreso dolarizar ni ir a un sistema bimonetario donde la moneda nacional tenga solamente un valor nominal con respecto a una moneda extranjera, porque eso sí está prohibido por la Constitución", expresó Gil Domínguez.

"Está prohibida por la Constitución histórica, inspirada en las ideas liberales económicas de Juan Bautista Alberdi y está prohibido por la reforma constitucional de 1994, que habla de existencia de moneda nacional, que tiene que tener valor, que se debe fijar su valor con respecto a las monedas extranjeras y que se debe defender el valor de la moneda nacional", amplió.

La convertibilidad, por su parte, "sería posible porque es la apreciación de la moneda respecto a otra. La dolarización sería su sustitución, no se podría, porque implicaría destruir el valor de la moneda nacional".

La situación del Congreso durante la primera mitad del gobierno de Javier Milei

En cuanto a la composición de las cámaras del Poder Legislativo surgida de las últimas elecciones, Gil Domínguez consideró que "hay una cuestión constitucional y también política. Yo no creo que la mayoría eventual del balotaje que le dio el triunfo a Milei comparta en su totalidad todas las políticas que quiere implementar".

"Creo que hay que leer esa mayoría porque muchas de las personas que lo votaron quizá votaron en contra de Sergio Massa más que a favor de Milei y no están a favor de la derogación de la Ley de Alquileres o de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo o de la privatización de YPF", agregó.

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"Primero, hay un contexto constitucional que debe respetar Milei y que las privatizaciones implican que se debe tener en cuenta el derecho de usuarios y consumidores, proteger a servicios esenciales como el agua, demostrar que privatizar trae mayores beneficios que perjuicios al sistema de derechos, pero también hay una cuestión política y hay que leerla, no es homogénea, no es constante. Es una mayoría circunstancial de definición de un balotaje y me parece que cada uno de estos temas van a estar condicionados por el contexto político", remarcó el constitucionalista.

"Va a haber un arduo debate. Nunca vimos un Congreso tan fragmentado políticamente. Nunca vimos un oficialismo con tan poca representación parlamentaria. Va a ser una situación particular. Si se aplican los usos y costumbres, la presidencia de la Cámara de Diputados tendría que estar a cargo de alguien del oficialismo. Si se aplican las normas parlamentarias a rajatabla, no estaría en la línea sucesoria alguien del oficialismo", concluyó.

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