Como "expresión pública de repudio y rechazo" a los "aumentos desmedidos" de las tarifas energéticas dispuestos por el Gobierno de Javier Milei, un foro multisectorial conformado por pymes, comerciantes, universidades, inquilinos jubilados, espacios culturales y clubes de barrio convocaron a un apagón nacional a realizarse el jueves 31 de octubre de 21 a 21.10 hs.
En una conferencia de prensa realizada este martes en el Polo de Cultura Emergente, ubicado en el barrio del Congreso, representantes de distintos sectores de la sociedad civil contaron cómo afectan los tarifazos. En los primeros 8 meses del año, las boletas de luz, agua y gas sufrieron un incremento de 179,9%, el doble del Índice de Precios al Consumidor general.
"El tarifazo que viene aplicando el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo golpea a todos por igual. Universidades públicas, inquilinos, jubilados, clubes de barrio, electrodependientes, pymes, comercios... No se salva nadie. El ajuste de Macri queda chiquito al lado de lo que viene aplicando el Gobierno nacional. Las tarifas impagables son el golpe final para millones de familias que no pueden más", expresó el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, quien está al frente de la convocatoria multisectorial.
"Los precios de la nafta, del alquiler, de la luz, del gas... Todo ha aumentado el doble de lo que ha subido la inflación según el Indec. No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Vamos a exigirle al Gobierno que congele las tarifas públicas, que congele el boleto del transporte y que haga las inversiones para que la calidad de esos servicios sea la que se merecen los usuarios", agregó el funcionario quien compartió su vocación de seguir convocando a distintos actores de todo el país hasta frenar el tarifazo del gobierno libertario.
Tras la acción del 31 de octubre, la multisectorial analizará la realización de otras medidas para luchar contra los aumentos de las facturas. No se descartan marchas a Casa Rosada o al Congreso.
Las consecuencias del brutal tarifazo del gobierno de Milei
Antes de que Katopodis haga uso de la palabra, representantes de distintos sectores compartieron cómo los afectan los tarifazos en lo particular. El rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco, comentó que en diciembre del 2023 la factura de luz de la casa de estudios era de 12 millones de pesos y con el cambio de gobierno ascendió a 40 millones en enero y 80 millones en febrero con un presupuesto congelado. Esa situación generó una crisis en la educación universitaria provocando las dos marchas federales que se realizaron en reclamo de una ampliación del presupuesto en lo que va del año.
El exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, señaló que las personas con discapacidad y sus familias son víctimas del Gobierno y de sus políticas al comentar que los tarifazos y la desregulación de la economía los empuja hacia la pobreza.
"Las familias con discapacidad sufren un ataque furibundo a su situación. La discapacidad siempre viene de la mano de la pobreza, la marginalidad, la invisibilización. El Estado debe estar presente y hoy no lo está y eso aumenta el grado de vulneración que viven muchas personas con discapacidad y sus familias", puntualizó.
Por su parte Graciela Pampin, vicepresidenta de la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del País, contó que el precio de las tarifas "sobrepasan toda posibilidad de pago, se nos está negando lo básico. Pensar todos los días si comer o pagar luz o el gas provoca malestar y problemas muy serios en los jubilados y al mismo tiempo en los centro de jubilados, que son su contención para distraerse, porque van cerrando sus puertas"
"Por favor, tenemos que hacer algo para que las políticas sociales no se caigan. estamos en una situación caótica, hay casos en los que en un PH con dos casas idénticas, a una le llega 8.000 pesos y a la otra 80.000", detalló.
"Nosotros tratamos de unirnos como clubes para pedir una tarifa diferencial. Evidentemente esto nos afecta a todos, nosotros como club de barrio tenemos una cuota accesible, entonces estamos ante una dificultad muy importante. En el ejercicio contable del año pasado, la incidencia de los servicios era del 3,5% de nuestros ingresos; este año destinamos el 25% del presupuesto a pagar los servicios y no sabemos hasta dónde puede llegar", relató Graciela Liberti, presidenta del club de Tres de Febrero, partido de San Martín.
"Es muy triste. Tenemos un rol social importante pero vemos a un Gobierno que no cumple con el rol del Estado de contener a sus habitantes, más allá de que lo hayan votado o no", sumó.
Por su parte, Magalí Zirulnikoff, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad y cofundadora de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, denunció que el Gobierno está vulnerando el derecho humano y constitucional a la vivienda digna y adecuada. Así, recordó que una de las primeras medidas Una de las primeras medidas que tomó Milei fue la derogación de la ley de alquileres perjudicando a millones de inquilinos.
Sobre las tarifas, contó casos donde personas que pagan 400 mil pesos de alquiler tuvieron que pagar facturas eléctricas de 150 mil pesos. "A eso hay que sumarle las demás tarifas y las expensas que subieron muchísimo", remarcó. Además pidió que así como funcionarios del gobierno piden auditar las universidades, se auditen las empresas de servicios de energía que "están cobrando tarifas inalcanzables e indiscreciones".
Por último, el empresario pyme e integrante del Movimiento Productivo 25 de Mayo Juan Ciolli, dijo que el Gobierno le pide a las pequeñas y medianas empresas que sean competitivas pero los deja fuera de competencia cuando aplica tarifas que impactan fuertemente en los costos. También aseguró que el crecimiento de la pobreza tiene que ver con la profundización de la recesión a partir de los tarifazos y criticó el modelo extractivista de la gestión libertaria.
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