Tras la reunión de comisión de Presupuesto y Hacienda que no contó con invitados, el Presupuesto 2025, se encamina a la firma de un dictamen de mayoría el próximo martes, con la intención de poder llevar el proyecto de la ley de leyes al recinto el próximo jueves 21.
Hay dudas respecto de cuál será el texto final, dado que Espert anunció que “el dictamen que está circulando es el que el presidente presentó el 15 de septiembre” y las fuentes que trabajan intensamente en las negociaciones punto por punto, aseguran que habrá modificaciones. El objetivo es darle tiempo a los gobernadores para insistir en las partidas trascendentales para sus provincias. Fondos coparticipables, cajas y obras están en el centro de la escena.
Desde la presentación del proyecto de Presupuesto 2025, se llevaron adelante siete reuniones formales de comisión y un sinfín de cónclaves -tanto en Casa Rosada como en despachos del Congreso- en las que trabajaron integrantes del Ejecutivo y representantes de los bloques dialoguistas en los en los cambios que piden estos últimos con especial hincapié en las necesidades de los mandatarios provinciales.
El Gobierno resiste dos de los puntos centrales que los dialoguistas piden: no cedería ante el pedido de recomposición a las jubilaciones y del presupuesto universitario. El oficialismo no está dispuesto a otorgar el 8% perdido por la inflación de enero de este año y pretende ratificar el DNU de la movilidad jubilatoria. Además, respecto de las universidades, según pudo conocer C5N, el Gobierno reconoce que haya un gasto mayor para las casas de altos estudios, pero no quiere incluirlo en el dictamen.
Dado este escenario, los diputados encargados de comandar esta negociación –pertenecientes a la UCR y Encuentro Federal- admiten que existe la posibilidad de que, si el Gobierno no cede, esos artículos no sean acompañados por sus bloques en el recinto y peligre el articulado.
Por su parte, los gobernadores –a quienes se les se les reclama el fracaso de la sesión de este martes en la que se iba a tratar la reforma a la ley de DNU y el Decreto 846/24 que flexibiliza el canje de deuda, justamente para poder negociar las partidas a sus provincias- están tras los fondos coparticipables que se podrían desprender del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), de los fondos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de la ex AFIP, actual ARCA.
Según indican las fuentes parlamentarias que encabezan las negociaciones en representación de los intereses de los mandatarios provinciales, “todos los punteos que son por coparticipación, vienen mal”. Esta tarde, los 24 gobernadores fueron convocados por el CFI y tras esa reunión, aprovecharán el encuentro para conversar sobre el presupuesto. Se espera que de allí se desprenda alguna definición, con tiempo hasta el martes próximo, fecha en que el oficialismo pretende dictaminar.
En un principio, podrían esperarse tres dictámenes: uno del oficialismo con aliados y dialoguistas -PRO, UCR, Encuentro Federal e Innovación- que tendrá sus disidencias. Otro de Unión por la Patria y un tercero de la izquierda. Por lo pronto, la postura de los radicales díscolos que rompieron el bloque hace unas semanas y se aglomeran en una bancada denominada Democracia para Siempre, es incierta. Podrían tener su propio dictamen, como guardarse la firma, es decir, no acompañar ningún despacho.
“No hay intención de firmar en disidencia el dictamen de mayoría como harán otros bloques opositores”, manifestaron a este medio fuentes de esa bancada. La conversación con los gobernadores con llegada al espacio será fundamental y luego, en el recinto probablemente acompañen la votación en general para trabajar en cambios en particular. El objetivo es pedir cambios, sin permitir que se prorrogue por segunda vez el presupuesto de 2023.
El dictamen de Unión por la Patria
Al comienzo de la reunión, los legisladores de la oposición más numerosa anunciaron la presentación de un dictamen propio. Carlos Heller se ocupó de ponderar algunos de los puntos centrales del proyecto oficialista, del que hizo una serie de críticas, entre ellas respecto del gasto. Señaló como “gravísimo” el hecho de que, en caso de que haya más ingresos que los pronosticados, no se aumentará el gasto según las proyecciones y el plan de Javier Milei.
"Acá hay que tener en cuenta que si inflación supera lo que se plantea, los gastos deberán afrontar una caída mayor, junto a todas las veces que el Gobierno ha dicho que si hay una recaudación mayor a la prevista no se aumentarán los gastos sino que se bajarán los impuestos", agregó Heller.
El peronismo mencionó modificaciones en las asignaciones familiares; aumento de partidas presupuestarias para universidades en torno al 50% -en relación al proyecto del oficialismo- con actualización trimestral por inflación; restablecer la vigencia del FONID (Fondo Nacional de Incentivo docente) por un año desde enero del 2025; incremento en las transferencias corrientes para seguridad social, salud, educación y otros servicios; transferencias a las cajas previsionales de las provincias y un aumento del bono fijo para jubilados de $95.000, entre otras propuestas.