Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, exasesor de Mauricio Macri, cumple un año como prófugo de la justicia argentina. Dejó el país cuando estaba siendo investigado como partícipe clave de una mesa judicial que orquestó operaciones y presiones contra los accionistas del Grupo Indalo.
Rodríguez Simón se encuentra en Uruguay desde el 8 de diciembre de 2020, lugar en el que pidió asilo político y le fue rechazado. El operador judicial había sido llamado a declaración indagatoria el 26 de mayo pasado por la jueza María Romilda Servini pero, ante la negativa de presentarse, fue declarado en rebeldía.
Ahora, con una alerta roja de Interpol sobre sus hombros, espera una decisión de la jueza uruguaya Adriana Chamsarian, que determinará si tiene que ser extraditado hacia la Argentina, luego de que se rechazara su petición de ser considerado refugiado político. De todas maneras, goza de ciertos privilegios por sus lazos con el poder: en octubre, por ejemplo, lo vieron tomando un café en el país vecino.
Fabián “Pepín” Rodríguez Simón viajó a Uruguay en el medio de una investigación que lo involucra por presuntas presiones al Grupo Indalo durante la gestión del expresidente Mauricio Macri. Se lo investiga por "la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción".
La jueza federal María Servini ordenó la prohibición de salir de la Argentina, acusado de ser uno de los operadores judiciales del expresidente Mauricio Macri en la causa que investiga la supuesta creación de una "mesa Judicial" durante el Gobierno de Cambiemos. La magistrada consideró que existía "riesgo de fuga" por parte del imputado por su arraigo en el exterior, además de poder entorpecer la causa por sus conexiones en el poder. De todas maneras, para ese momento ya se encontraba fuera de Argentina.
El exasesor jurídico de Macri realizó un pedido de asilo oficial en Uruguay. Su representante legal, Gustavo De Urquieta, había presentado un pasaje de BuqueBus como prueba que Rodríguez Simón tenía previsto regresar a Buenos Aires. Consultado sobre su vuelta a Argentina, Rodríguez Simón escribió en una carta: "Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal, en el marco de causas judiciales amañadas como pretexto para encarcelarme".
La jueza Servini declaró en rebeldía al operador judicial del macrismo y ordenó su captura nacional e internacional. Además, dispuso su inhibición general de bienes y el congelamiento de todos sus productos bancarios. La decisión fue tomada luego de que Pepín le notificara que no cumpliría con lo que había manifestado en otra presentación, en la que había asegurado que se presentaría a su indagatoria prevista para el 26 de mayo.
La Interpol activó la alerta roja contra Pepín mientras sigue prófugo en Uruguay. El propio exfuncionario macrista reconoció ante el Parlasur que no había podido conseguir el estatus de refugiado en el país vecino. “El informe (del CORE -Comisión de Refugiados-) fue digamos que negativo. No fue enfáticamente negativo pero fue un informe negativo”, expresó.
A casi un año de estar prófugo de la justicia, varias personas lo vieron tomando un café en pleno centro de Uruguay. Según indicó un periodista, luego de sacar las fotos recibieron “amenazas” por parte de los guardaespaldas de Pepín.
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