Oscar Zago admitió que el Gobierno negoció el voto de Crexell en el Senado: "Lo venía buscando hace mucho tiempo"

El diputado y jefe de bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo entiende que la candidatura de la legisladora neuquina como Embajadora de la Unesco se trató de “un consenso” con el oficialismo ya que es necesario “cubrir lugares y cargos”. “Vos consensuas, vos arreglás", remarcó.

El diputado y líder de la bancada del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) Oscar Zago admitió este sábado que el Gobierno negoció el voto de la senadora Lucila Crexell para aprobar la Ley Bases, a cambio de la Embajada de la Unesco. Entiende que se trató de “un consenso” ya que en el oficialismo se necesitan “cubrir lugares y cargos”. “Lo venía buscando hace mucho tiempo”, agregó.

“Cuando te sentás a discutir con las bancadas, gobernadores e intendentes, son acuerdos que se negocian y que te dan la gobernabilidad. Cuando un gobierno tiene suficientes diputados o senadores para sancionar una ley pero están justos de votos, es válido sentarse y acordar. No me gusta poner el rótulo a alguien de que la compraron”, argumento Zago.

Para luego reconocer en una entrevista por Radio Splendid que en este marco, “siempre hay una cuestión de beneficios para las gobernaciones. La senadora lo venía buscando hace mucho tiempo y eso es parte de los acuerdos. Son acuerdos con consensos, no son dádivas. No tengo prejuicios en decirlo”.

Oscar Zago

De todas maneras, Zago aclaró que "no me gusta poner el rótulo a alguien de que la compraron" y “en este caso no hubo corrupción sino una búsqueda de acuerdos”.

Tras el escándalo, denunciaron por cohecho a Lucila Crexell

La senadora del Movimiento Popular Neuquino Lucila Crexell fue denunciada por cohecho luego del escándalo en el que se vio envuelta cuando fue acusada de haber sido designada embajadora argentina ante la Unesco a cambio de su voto favorable para la Ley Bases. La causa recayó en el juzgado de Ariel Lijo.

El abogado Federico Paruolo hizo la presentación judicial en contra de la legisladora, a quien apunta por "cohecho, conforme lo establecido en el artículo 256 del Código Penal".

El artículo en cuestión expresa que "será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones".

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