La interna del Gobierno se recrudece y en el PAMI, la obra social de jubilados y pensionados, tuvo un nuevo capítulo la lucha de poder hacia el interior de La Libertad Avanza. Tras el inicio de una auditoría interna para eliminar desvíos de fondos en sus delegaciones por parte del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, denuncian la existencia de "cajas negras" en la agencia estatal y en la mira se encuentra Sebastián Pareja, el armador político de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires.
En el programa Minuto Uno, que conduce Gustavo Sylvestre, el periodista Pablo Ibáñez reveló los pormenores de la cruda lucha de poder en el PAMI: "En las distintas oficinas de la provincia de Buenos Aires habían encontrado manejos irregulares, en agencias manejadas por funcionarios puestos por La Libertad Avanza".
Además, agregó: "El PAMI es un lugar muy político, se suele poner un armador propio porque le da visibilidad y gestión. Le da manejo político y de caja".
En el informe, se reveló que en los últimos días desplazaron a Alberto Pascual, que se desempeñaba como jefe del PAMI en la localidad bonaerense de Junín, y era también el armador de La Libertad Avanza para la cuarta sección electoral en la provincia y respondía a Sebastián Pareja, operador mileísta en provincia de Buenos Aires.
"Las diferencias que hay en La Liberta Avanza apuntan a todos dirigentes y responsables del PAMI puestos por Sebastián Pareja, el armador político de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires. Se mencionan a todos los referentes bonaerense del karinismo en la agencia estatal", concluyó el periodista.
PAMI anunció una revisión integral para "erradicar prácticas discrecionales en sus delegaciones"
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados anunció que acaba de iniciar una revisión integral de los mecanismos de compra y provisión de insumos en sus delegaciones con el objetivo de eliminar prácticas discrecionales, que según afirma un comunicado de la entidad fueron "heredadas de gestiones anteriores".
Según detallaron desde el organismo, "durante años el PAMI fue utilizado con fines políticos, estableciendo estructuras clientelares en distintas regiones del país y convirtiendo al Instituto en una herramienta para negocios privados al margen de la ley". Con esta iniciativa, la actual gestión busca poner fin a estas dinámicas mediante una política centrada en el "orden institucional, la transparencia y el control del uso de los recursos".
De acuerdo a lo informado en el comunicado, uno de los hallazgos más relevantes en esta etapa inicial fue el uso excesivo de las denominadas “vías de excepción” para la entrega de medicamentos e insumos. Este mecanismo, que debería utilizarse solo en casos extraordinarios, se aplicaba con frecuencia para evitar licitaciones y otros procedimientos administrativos, lo que generaba un "contexto propicio para la falta de transparencia y posibles desvíos de fondos públicos".
