La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incorporó este miércoles un testimonio determinante para la Fiscalía. Se trata de la declaración de Leandro Miano, hijo de una de las jubiladas que figuran como acreedoras en la venta de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito.
Caso Adorni: declaró el hijastro de una de las jubiladas prestamistas
Se trata de Leandro Miano, quien fue citado a indagatoria como pieza central para reconstruir la operación inmobiliaria y el esquema de financiamiento para la compra del departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito.
El testigo fue convocado en los tribunales de Comodoro Py con el objetivo de aportar precisiones sobre el modo en que se llevó adelante la transacción y las condiciones en las que se financió la compra del inmueble en la calle Miró.
Declaró más de una hora como testigo y ratificó que el acuerdo de compraventa incluía un pago adicional de 65.000 dólares por fuera de la escritura. A la vez confirmó que Adorni les adeuda ese dinero.
Así, terminó de ratificar lo expresado por su socio, Pablo Martín Feijoo, hijo de otra jubilada prestamista, que había dicho que acordó con él ese pago adicional, para “cubrir los gastos”.
Feijóo declaró días atrás que el jefe de Gabinete le dijo que tenía 30.000 dólares por lo que acordaron el pago de una hipoteca a su madre y a otra jubilada, madre de Miano, por 200.000 dólares.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, la propiedad fue transferida por un valor de 230 mil dólares. La operación incluyó un pago inicial en efectivo y un financiamiento otorgado por las propias vendedoras, un mecanismo que despertó interrogantes entre los investigadores por sus características poco frecuentes.
En este contexto, la fiscalía intenta establecer si existieron acuerdos por fuera de la escritura formal o circuitos de pago no declarados, en una operatoria que ya quedó bajo la lupa por posibles inconsistencias. El expediente continúa en etapa de producción de prueba, con nuevas citaciones y medidas orientadas a examinar la evolución patrimonial del funcionario.
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