Una citación volvió a poner en agenda una causa que el Gobierno tiene apuntada, en la que todavía no pudo golpear: el caso ANDIS, aquel en el que se investiga el supuesto direccionamiento de contrataciones desde la Agencia Nacional de Discapacidad a cambio de jugosas coimas que habrían llegado a funcionarios públicos. Un expediente que se inició cuando trascendieron audios de un hombre de confianza del presidente Javier Milei que decía que los pagos indebidos finalizaban en bolsillos del entorno del mandatario.
La citación fue la de Nadia Beller, la abogada que sufrió un intento de asesinato en Bolivia y que acusa por ello a su expareja, el otrora influyente manipulador de la opinión pública Fernando Cerimedo, quien ahora está preso en el penal de más alta seguridad de La Paz. Cerimedo tiene dos hijos con Natalia Basil, quien fue funcionaria de ANDIS y conocería los detalles de la corrupción.
La propia Beller, a través de su cuenta de Facebook, difundió los detalles de la citación: se trata de una audiencia testimonial, bajo juramento de decir verdad, que está prevista para el 23 de septiembre y será por videoconferencia. En Buenos Aires estará el fiscal del caso, Franco Picardi, y en Bolivia, junto a la testigo, habrá agentes del Ministerio Público de ese país, a modo de colaboración.
En el documento que compartió también se puede leer un escueto resumen del caso donde se indica que "la ANDIS funcionó como una verdadera ventanilla administrada discrecionalmente para concentrar beneficios económicos en determinados proveedores afines y ejecutar contrataciones por fuera de los principios básicos de concurrencia, transparencia y control que rigen toda actividad estatal".
"Esto fue desarrollado con la injerencia directa de personas ajenas al organismo, con fuerte presencia en el circuito comercial de la salud, en coordinación con funcionarios y funcionarias de ANDIS. Todo lo cual derivó en retornos para el funcionariado público involucrado", se asegura allí.
Fernando Cerimedo permanece detenido y bajo investigación en Bolivia.
Por ahora, el expediente tiene entre los principales acusados al extitular del organismo Diego Spagnuolo, un abogado que supo representar al presidente Milei en las querellas que este inició contra periodistas y que también solía ser convocado a las veladas de música clásica en la Quinta de Olivos. Se trata del hombre que habría sido grabado por alguien en quien él confiaba. En esas grabaciones, que se convirtieron en la noticia criminal de este caso, Spagnuolo aseguraba que desde ANDIS se cobraban coimas que llegaban hasta la mismísima Secretaría General de la Presidencia que comanda Karina Milei.
Spagnuolo ya está procesado y con pocas chances de mejorar su situación en el expediente. Gente que lo trató durante su paso por ANDIS asegura que trabó un vínculo con el lobbista Miguel Ángel Calvete —también procesado en esta causa— que solo podrá traerle más problemas. Spagnuolo se valía de los favores de Calvete como si fueran parte de un equipo de trabajo. Le pagaba muebles, lo proveía de efectivo, lo que necesitara. "Calvete lo mantenía entretenido", dicen los que vieron cómo ese vínculo irregular fluía. Por cuerda paralela operaba otro hombre, Pablo Atchabahian, quien movía los hilos de ANDIS, por la que había pasado durante la gestión de Mauricio Macri. Ese era el nexo con el entorno de Karina Milei y con la droguería Suizo Argentina. Esa es la pista que aún está bajo investigación y que preocupa a la Casa Rosada.
Nadia Beller dijo públicamente tener información sobre la filtración de las grabaciones de la voz de Spagnuolo y afirmó que la obtuvo a través de Cerimedo. Su relato indica que el exfundador de La Derecha Diario le aseguró que Basil no era parte de las maniobras de corrupción y que habría colaborado para que salieran a la luz. Habrá que ver ahora qué cuenta ante la Justicia y con qué elementos los respalda.
La causa ANDIS en Argentina la lleva el fiscal Picardi y el juez Ariel Lijo. El expediente tiene hasta acá 19 procesados y una cifra aún más grande de indagados a los que aún se les debe una definición de su situación procesal. La primera parte del caso —vinculado con el direccionamiento de contrataciones a determinadas droguerías— está bajo estudio de la Sala Segunda de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico. Eso es lo que observa, paciente, el Gobierno.
Los operadores judiciales de la Casa Rosada apuestan a alguna eventual diferencia de criterio que pueda haber entre Farah y Boico para intentar colar un tercer juez —de la Sala Primera— para definir. Ese tercer juez intervendría en lugar del ya jubilado Martín Irurzun. Casi un paso de baile.
El ensayo se produjo en el caso en el que se investiga la contratación de una empresa de Martín Aguirre, hombre vinculado con Martín Menem, para la prestación de servicios a la intervención de la obra social de los peones rurales (OSPRERA). El último jueves esa causa sufrió un golpe. La Cámara Federal dictó un fallo con el que anuló allanamientos y embargos. Para arribar a ese fallo, los jueces de la Sala Segunda del tribunal de apelaciones debieron recurrir a un colega de la Sala Primera porque había diferencias de criterios. El juez que resultó elegido, supuestamente por sorteo, fue Pablo Bertuzzi.
Pablo Bertuzzi, integrante de la Cámara Federal porteña.
Desde que juró como juez titular del tribunal de apelaciones, el pasado 3 de septiembre, tras un largo período de ocupación del mismo banco como juez trasladado, Bertuzzi batió un récord: casi todo lo que firmó tuvo como efecto la mejora de la situación procesal de algún integrante del Gobierno o algún aliado. Casualidades.
Entre los fallos que firmó Bertuzzi como juez titular, destacan:
- Caso $LIBRA: ratificó el apartamiento de cinco inversores como querellantes y sostuvo que se debilitó la hipótesis de que se trató de una estafa llevada a cabo por criptoemprendedores con el propio Presidente de la Nación, a pesar de que en el expediente hay indicios en ese sentido. El fallo consideró que los inversores asumieron voluntariamente los riesgos de un activo volátil.
- Caso Noctua: confirmó el sobreseimiento del ministro de Economía, Luis Caputo, en una causa por presuntas negociaciones incompatibles durante su gestión en el gobierno de Mauricio Macri. En ese expediente se acusó a Caputo de omitir blanquear oportunamente su vínculo con una administradora de fondos offshore.
- Caso FMI: firmó el archivo de la causa que investigaba a Macri, Caputo y otros funcionarios por las irregularidades en el préstamo de u$s57.000 millones con el FMI en 2018.
- Caso espionaje ilegal: firmó la ratificación del sobreseimiento del expresidente Macri y otros funcionarios de su gobierno en causas por presunto espionaje ilegal.
- Denuncia contra Milei por abuso de autoridad: participó de la confirmación del archivo de una denuncia contra el Presidente por firmar un decreto que permitía la prórroga de jurisdicción a tribunales de Nueva York.
La seguidilla de fallos envalentonó a distintos funcionarios del Gobierno, que ahora reclaman a los operadores judiciales de la Casa Rosada para que les cuiden las espaldas. Todos quieren ver caer las denuncias en su contra. El inconfesable sueño de quienes no fueron del todo prolijos. Todos celebran la masiva designación de jueces y rezan que siga la lluvia de fallos favorables.
