Los ideólogos de la persecución a Indalo, procesados y prófugos

Con el procesamiento y el embargo al empresario mendocino Orly Terranova, cada vez son más las pruebas que demuestran el modus operandi de Mauricio Macri para perseguir y desapoderar a los accionistas del Grupo Indalo, valiéndose de una mesa judicial integrada por el operador judicial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien lleva más de 450 días prófugo de la justicia argentina.

En su resolución la jueza María Servini considera que Orly Terranova utilizó sus contactos en el Poder Ejecutivo, básicamente su amistad con el propio Macri, para participar de distintas reuniones y diálogos tendientes a quedarse con el Grupo Indalo mediante la creación de diferentes fideicomisos, al tiempo que el grupo empresario era asediado por la AFIP macrista.

La causa se inició por la denuncia de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, accionistas del Grupo Indalo, por haber sido perjudicado su patrimonio en el marco de la avanzada del gobierno que encabezó Mauricio Macri contra ellos.

Fue el propio Macri quien ordenó “la guerra” contra Indalo, cuando los accionistas se negaron a entregar la línea editorial de sus medios a los designios de líder el PRO. En el universo macrista aparecen varios empresarios amigos que se prestaron a la idea de Macri de apropiarse de las empresas mediante la coerción.

A lo largo de la investigación la justicia acreditó los hechos denunciados por López y De Sousa. A partir del entrecruzamiento de llamados y los correos electrónicos incautados se demostraron las maniobras para apropiarse de las empresas del Grupo Indalo.

En esa persecución fue clave el accionar del operador judicial del macrismo Rodríguez Simón quien eludió el requerimiento de la justicia argentina, y lleva más de 450 días prófugo en Uruguay.

De hecho, en mayo de este año, la jueza María Servini declaró en rebeldía a Rodríguez Simón y ordenó su captura nacional e internacional, además de disponer la inhibición general de sus bienes. Luego la Interpol activó el alerta roja contra el operador judicial, quien reconoció ante el Parlasur que no consiguió el estatus de refugiado en el país vecino.

Se lo investiga por "la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción".