Parecía improbable que el juego de poder alrededor de una democracia asediada por condicionantes, principalmente económicos y judiciales, cediera sólo por el cambio de año y la primera semana de 2023 lo demostró.
Parecía improbable que el juego de poder alrededor de una democracia asediada por condicionantes, principalmente económicos y judiciales, cediera sólo por el cambio de año y la primera semana de 2023 lo demostró.
Desde la cautelar pos campeonato mundial de la Corte Suprema por el tema coparticipación el debate acerca de cómo el establishment judicial, económico y mediático buscan someter al efímero poder político se ha incrementado con notable crudeza. Y claramente los chats filtrados del ministro de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro han contribuido a eso. Es que, en caso de corroborarse que sean ciertos -hasta los propios tienen pocas dudas de eso, más allá de lo que digan en público- volvemos a asistir a una connivencia impropia entre funcionarios judiciales, contratistas, mandamases de Inteligencia y la derecha partidaria.
Si el viaje a Lago Escondido era inquietante por los personajes implicados, estos nuevos chats aportan contenido a la preocupación sobre todo porque corroborarían esa idea de que buena parte de la política tiene -con Cristina Kirchner a la cabeza- de que se gobierna con la cancha inclinada en favor de los intereses concentrados de la Argentina.
Los gobernadores rápidamente reaccionaron porque en el chat con Silvio Robles, el colaborador del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, había incluso asesoramiento acerca del tema coparticipación. Si, el mismo tema sobre el que luego decidió el propio Rosatti.
Tanto Gerardo Zamora de Santiago del Estero como Ricardo Quintela de La Rioja hicieron sendas denuncias a los involucrados en el chat y el Gobierno busca avanzar en el juicio político al titular de la Suprema Corte y una investigación al resto de sus integrantes.
En relación con esa convocatoria hay varios vasos llenos y varios vacíos. Por un lado, es cierto que es una convocatoria inédita y tiene mucha significación política que no sea sólo el Ejecutivo Nacional el que inicia el proceso sino que lo acompañan más de una decena de mandatarios provinciales e incluso cientos intendentes.
Por otro, la convocatoria contó con menos participantes de lo previsto y la Casa Rosada cometió la desprolijidad de sumar la firma de Gustavo Bordet, de Entre Ríos, que negó apoyar la iniciativa. Otros gobernadores, como Sergio Uñac tampoco acompañaron. En todos los casos, pareciera que la razón es el temor a que algunas cuitas provinciales que tramitan o pueden terminar mal en la Corte a partir de esta postura favorable al Juicio político.
Pocos han señalado que ese sólo temor alcanza para volver a ejemplificar el modo condicionado en el que se gobierna en la Argentina. ¿Cómo naturalizamos que si acompañamos una medida que busca transparentar el Poder Judicial podemos sufrir algún tipo de “vendetta” por parte de los que deberían ser los principales garantes del Estado de Derecho en nuestro país?
Volviendo al pedido de juicio político a Rosatti, no parece que su tránsito legislativo vaya a ser sencillo. El Frente de Todos cuenta con mayoría en esa comisión con lo que las firmas para dar inicio están garantizadas pero luego necesita de dos tercios en Diputados para avanzar en la acusación y el mismo porcentaje en el Senado para juzgar y, eventualmente, apartar al presidente de la Corte. No tiene ninguno de los dos números.
En relación con esto hay distintas posiciones. Algunos diputados creen que puede negociarse el quórum con los bloques que no son explícitamente de derecha (Juntos y los libertarios ya advirtieron que no darán número) y que luego sus diputados se ausenten a la hora de votar. Parece improbable y ya son varios los diputados de esos bloques que también anunciaron que no acompañarán. Hay otros en le oficialismo que creen que dar el debate de cara a la sociedad es importante aunque se pierda.
El peronismo nunca ha tenido como en estos años tanto afán testimonial, muchas veces en desmedro de la consecución o el mantenimiento del poder. Un diputado de una de las provincias que no acompañó el juicio político se quejaba hace unos días de algo que a él le parece una evidencia: “No hemos avanzado en muchas cosas porque teóricamente no nos daba la correlación de fuerzas y, sin embargo, queremos iniciar esto sabiendo que no tenemos el número”. Más allá de las opiniones durante el calor de los acontecimientos, el hecho de mostrarse nuevamente dividido como en el caso de los gobernadores o en desventaja en el Congreso amenaza con volver a mostrar debilidades de un gobierno al que no le sobran las fortalezas pero que comenzaba a mostrar algunas en materia de estabilización económica.
Si alguien cree que el mal es endémico de nuestro país se equivoca. Durante esta semana la Cámara de Representantes de los Estados Unidos fracasó 14 veces a la hora de votar a su presidente. Recién en la número quince logró terminar con una parálisis y una crisis sin precedentes en 150 años de historia. El tibio gobierno de Joe Biden se enfrenta a una oposición de la derecha más extrema que convierte en un campo minado casi cualquier camino político.
En Brasil, Lula Da Silva inicia un camino muy volcado a no incomodar al establishment mientras los bolsonaristas amenazan con desestabilizar su gobierno cada día. Está claro que Lula recién comienza su gestión y ha demostrado en las dos anteriores mucha inteligencia para capear temporales similares así que merece un crédito. Pero hay otros ejemplos en el mundo que evidencian lo mismo: gobiernos muy condicionados por las élites dominantes a la hora de pensar en las mayorías, con medidas tibias y enfrentando oposiciones de derecha sin ningún prurito a la hora de obstaculizar o desestabilizar.
Cuando algunas de esas derechas llegan al poder gobiernan con facultades regias y generando situaciones de baja calidad democrática. En la Argentina hemos visto tanto una cosa como la otra en los últimos años.