Esta semana comienza una auditoría del Ministerio de Defensa sobre una compra de cinco aviones de guerra franceses concretada durante el gobierno de Mauricio Macri. La operación, por €12,5 millones, fue realizada de cara a la Cumbre del G-20 celebrada en noviembre de 2018, pero los aparatos, en desuso y con necesidad de repuestos, recién llegaron en mayo de 2019.
Los aviones de Macri que nunca volaron: ahora auditarán la compra
A fines de 2017, la administración de Cambiemos adquirió las aeronaves a €12,5 millones para la Cumbre del G-20 de noviembre de 2018, pero llegaron en mayo de 2019. Nunca pudieron ser utilizados.
Los cinco aviones Super Etendard se encontraban en desuso y, en teoría, se compraban para ser reparados y puestos en funcionamiento. Sin embargo, la Armada había desaconsejado su adquisición ya que los repuestos eran muy difíciles o directamente imposibles de conseguir.
Por ejemplo, los asientos eyectables son de fabricación británica. Por lo tanto, su venta a la Argentina está vetada.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ya realizó observaciones a la operación y la Oficina Anticorrupción inició los preparativos para la auditoría.
La compra se realizó a fines de 2017 con la excusa de las necesidades de seguridad producto de la Cumbre de G-20, celebrada en Buenos Aires en noviembre de 2018. No obstante, los aviones recién llegaron al país en mayo de 2019.
Los aparatos nunca pudieron funcionar ya que eran material de rezago y, tal como había previsto la Armada, sólo pudieron conseguirse unos pocos repuestos. No se encontraron alternativas a los asientos eyectables necesarios para salvar la vida de los pilotos ante un eventual inconveniente.
Los exfuncionarios involucrados en la firma de la decisión administrativa que posibilitó la compra son el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Defensa, Oscar Aguad. Quien dispuso los fondos para la operación fue Nicolás Dujovne, titular de la cartera de Economía.
De la investigación podría surgir una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio del estado o cohecho.
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