La provincia de La Rioja anunció al mercado que no logró hacer frente a obligaciones de deuda por unos u$s26,2 millones y acusó el elevado nivel de inflación, la devaluación y la supuesta quita de fondos coparticipables. También aclaró que busca comenzar un proceso de consultas con sus bonistas para una renegociación.
La Rioja entra en default, busca renegociar y culpa a Javier Milei por los recortes
La provincia gobernada por Ricardo Quintela no logró enfrentar obligaciones de deuda por unos u$s26,2 millones y acusó la alta inflación, la devaluación y la supuesta quita de fondos coparticipables.
En un comunicado, la administración encabezada por Ricardo Quintela reconoció dificultades para "pagar capital e intereses con fecha de pago operada el 24 de febrero de 2024 bajo los bonos internacionales con vencimiento en 2028" y que por este motivo se encuentra "analizando y evaluando la mejor forma de abordar el manejo de sus compromisos financieros".
La colocación de deuda pública consiste en un bono verde emitido en 2017 por u$s200 millones con una tasa de interés de 9,75% anual.
En la nota firmada por el ministro de Hacienda riojano, Jorge Quintero, se advirtió que La Rioja "enfrenta desafíos económicos sin precedentes". En tal sentido, se admitieron las complicaciones que atraviesa la provincia: "La contracción de la economía Argentina, la alta inflación y la devaluación del tipo de cambio han tenido un efecto directo en la economía de la Provincia, resultando en un grave descenso en la recaudación fiscal a nivel provincial".
En tanto, el ministro expuso que "la provincia no ha recibido fondos coparticipables, según lo establecido en el Art. 83 de la Ley 27.701" referida al presupuesto 2023, reconvenido para 2024, lo que lleva a que los ingresos de La Rioja sean "insuficientes para cubrir los gastos relacionados con servicios y programas esenciales".
En este marco, Quintero se refirió a las consecuencias de esos factores ya que describió que "han limitado significativamente la capacidad de la Provincia de honrar sus compromisos financieros, incluyendo los Bonos".
Frente a esta situación financiera, La Rioja informó la contratación de asesores financieros y legales e indicó que cuenta con "la intención de iniciar consultas con los tenedores de los Bonos con el objetivo de llegar a un acuerdo amigable y consensuado con ellos en el menor tiempo posible". También adelantó que "realizará sus mejores esfuerzos para abonar en el menor tiempo posible el monto de intereses adeudados al 24 de febrero de 2024".
El gobierno riojano argumenta que la Nación lleva una deuda total de u$s302,885 millones, cuyo reclamo formalizó ante la Corte Suprema la última semana, con un pedido de Acción Declarativa de Certeza acerca de la nulidad del mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el presidente Javier Milei y una medida cautelar ante el no pago de los fondos fiduciarios.
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