La oposición aceleró el tratamiento de la ley que frena los DNU de Javier Milei

Rápidamente, Unión por la Patria, la Coalición Cívica, la izquierda y diputados provinciales se adhirieron a la propuesta, que parecía caída con la salida del recinto de los diputados del oficialismo y el PRO. Sin embargo, el bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto consiguió el apoyo suficiente para modifical el plan de labor y avanzar con la reforma de la ley de DNU y limitar el poder presidencial.

La reforma de la Ley de Decretos busca no tener que necesitar de la aprobación de las dos Cámaras del Congreso para derogar un DNU, algo que no ocurre para ratificarlo. Es decir, con el aval de la Cámara de Diputados o de Senadores, un decreto presidencial puede quedar validado.

Se pidió la citación de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Poderes, Peticiones y Reglamento, para que comiencen el próximo miércoles 16, a las 17, la discusión de los proyectos que fueron presentados.

La Ley 26.122 de Cristina Kirchner, que controla los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)

En 2006, cuando la expresidenta Cristina Kirchner era senadora de la provincia de Santa Cruz, presentó un proyecto para regular el uso y control de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) en Argentina. Esta normativa tenía como objetivo limitar el uso del DNU por parte del Poder Ejecutivo, para garantizar un adecuado control democrático por parte del Congreso y evitar un uso excesivo o arbitrario de esta herramienta legislativa.

La ley establece que cualquier DNU dictado por el Poder Ejecutivo debe ser revisado y aprobado por ambas cámaras del Congreso (Senadores y Diputados). El Congreso tiene un plazo de sesenta días para aceptar o rechazar el DNU, y en caso de no expedirse en ese plazo, el decreto se considera derogado de manera automática.

Además, establece criterios muy estrictos para que el Ejecutivo recurra a los Decretos de Necesidad y Urgencia. Estos deben estar justificados por una situación de urgencia o emergencia, y no pueden referirse a temas que impliquen impuestos, derechos civiles, cuestiones presupuestarias, o alteración del régimen democrático.