El 20 de enero de este año, el gobierno de Javier Milei tomó el control del Puerto de Ushuaia mediante una intervención administrativa dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Lo hizo con una excusa: supuestas irregularidades financieras y estructurales. Pero el puerto siguió operando y el Ejecutivo se quedó con una caja millonaria que pertenece a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
"El Gobierno nacional, que les revolea a las provincias que se hagan cargo de su Salud, su Educación, sus rutas, en este caso se manotea un puerto que es de una provincia", remarcó la periodista Felicitas Bonavitta, quien realizó el informe para Minuto Uno.
Ubicado sobre la costa norte del Canal de Beagle y a 700 kilómetros de las Islas Malvinas, su importancia es clave como puerta de ingreso a la Antártida y paso bioceánico entre en Atlántico y el Pacífico. Recibe 700 buques por año, unos 250.000 turistas y genera una rentabilidad de $22.000 millones cuyo destino hoy se desconoce.
Las autoridades locales recurrieron a la Justicia para impugnar esta acción, mientras denuncian una falta de transparencia total en el manejo operativo y financiero de la terminal.
140 trabajadores quedaron afuera y esperan una decisión de la Justicia para retornar a sus lugares. Mientras tanto, crecen las denuncias y sospechas por licitaciones millonarias que lleva a cabo la intervención. Hay contrataciones con aumentos desmedidos, como el servicio de limpieza, que pasó de $6,5 millones a $563 millones en un semestre.
El descontento entre los empleados desplazados provocó inmediatas protestas en la terminal marítima. Un trabajador afectado expresó a la prensa su angustia sobre el desalojo violento "como si fuera una basura".
"La Prefectura impidió el ingreso de las autoridades provinciales al puerto y de los trabajadores. Solamente un grupo de 16 trabajadores, en complicidad con el Gobierno, pudieron ingresar. Y sigue así hasta hoy", explicó Guillermo Worman, periodista del Diario del Fin del Mundo, a C5N.
Los intereses militares y comerciales de Estados Unidos en el sur argentino
Seis días después de la intervención, un avión militar estadounidense con congresistas de ese país aterrizó en la ciudad austral. La visita reforzó las sospechas sobre un pacto bilateral para otorgar control logístico y presencia militar en el paso hacia la Antártida.
La toma de la instalación beneficia además a empresarios cercanos al poder político central. Figuras como Nicolás Caputo y Gustavo Elías proyectan negocios privados en la zona, mientras que el director nacional de Puertos, Iñaki Arreseygor, guarda vínculos previos con el grupo Mirgor. En tanto, Fernando Ariel Polici, el Interventor del puerto, tiene denuncias previas por irregularidades en el PAMI de Tierra del Fuego.